El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la creación de una sobretasa al impuesto predial destinada a financiar la modernización del alumbrado público hacia un sistema inteligente con tecnología LED y telegestión. La medida, impulsada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, busca recaudar recursos específicos para este servicio, el cual actualmente se financia con recursos ordinarios del Distrito. El cobro aplicará a partir de 2027 para predios de estratos 4, 5 y 6, así como para sectores comerciales, industriales y financieros, estableciendo excepciones para hogares de estratos 1, 2 y 3 con avalúos inferiores a 20.000 UVT. La aprobación del articulado se dio con 23 votos a favor y 20 en contra, reflejando una división marcada en la corporación. Mientras la Secretaría de Hacienda defiende la iniciativa como una herramienta necesaria para la eficiencia energética y la seguridad, sectores gremiales como Acecolombia han expresado su rechazo. Los empresarios advierten que el cálculo del tributo basado en el avalúo catastral, en lugar del consumo de energía, podría presionar al alza los precios al consumidor final y afectar la competitividad de los negocios. El proyecto de reforma tributaria, que contempla un recaudo total de 1,2 billones de pesos anuales, continúa su trámite en el Concejo para definir los artículos restantes. Además de la sobretasa, se discuten ajustes en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que han generado tensiones con diversos sectores económicos. La administración distrital sostiene que el esquema incluye mecanismos de protección para los contribuyentes con menor capacidad de pago, incluyendo a quienes pertenecen a los niveles A, B o C del Sisbén.

Análisis político

La estrategia política de la administración distrital se centra en la narrativa de la 'ciudad inteligente' para justificar una mayor carga tributaria, buscando modernizar la infraestructura urbana mediante una fuente de financiación exclusiva. Al diferenciar las tarifas por estrato y avalúo, el gobierno intenta mitigar el costo político de la medida, presentándola como un ejercicio de progresividad fiscal que protege a los sectores más vulnerables mientras traslada el peso a los estratos altos y al sector productivo. En este pulso, la administración gana capacidad de ejecución presupuestal para proyectos estratégicos, pero pierde capital político ante los gremios económicos y una oposición en el Concejo que cuestiona la oportunidad de nuevos impuestos. La narrativa se divide entre la visión oficialista de modernización y sostenibilidad, frente a la advertencia de los gremios sobre una posible desaceleración económica y el traslado de costos a los ciudadanos, lo que convierte a la reforma en un punto de fricción sobre el modelo de desarrollo de la capital.