Comisión de Libertad Condicional otorga beneficio a excarabinero condenado por caso Fabiola Campillai
Resumen
La Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió por unanimidad el beneficio de libertad condicional a Patricio Maturana, exoficial de Carabineros sentenciado a 12 años y 183 días de presidio por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. La medida, que permitirá al condenado abandonar el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, se hará efectiva a partir del 2 de diciembre de 2026, fecha en la que cumplirá la mitad de su condena. La resolución se fundamentó en un informe psicosocial de Gendarmería que calificó el riesgo de reincidencia como muy bajo y destacó la conducta intachable del interno.
La senadora Fabiola Campillai, víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2019, compareció personalmente ante la instancia para manifestar su rechazo categórico a la decisión. La parlamentaria argumentó que el condenado no ha mostrado arrepentimiento, no ha pedido perdón y negó los hechos durante el proceso judicial. Además, sostuvo que la concesión de este beneficio constituye un acto de impunidad que envía una señal negativa a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país.
La comisión desestimó los planteamientos de la senadora al precisar que el delito imputado no requiere el cumplimiento de dos tercios de la pena, sino solo la mitad, según la normativa vigente. Asimismo, el organismo aclaró que la sentencia condenatoria no calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad. Ante este escenario, Campillai anunció que recurrirá a instancias judiciales nacionales e internacionales para intentar revertir la resolución, reafirmando su compromiso con la búsqueda de justicia y reparación.
Análisis Político
El evento evidencia una tensión persistente en la política chilena respecto a la gestión de los casos derivados del estallido social y la aplicación de beneficios penitenciarios a agentes del Estado. La estrategia de la senadora Campillai se centra en la visibilización de la impunidad y la apelación a estándares internacionales de derechos humanos para cuestionar la legitimidad de la decisión judicial, buscando mantener el tema en la agenda pública ante un aniversario sensible del 18 de octubre. Por otro lado, la resolución judicial se ampara en una interpretación técnica y procedimental de la ley, desvinculando el caso de la categoría de lesa humanidad para facilitar el acceso a beneficios.
En términos de ganadores y perdedores, el sistema judicial y la defensa del condenado logran una victoria procedimental al aplicar la normativa vigente sin alteraciones, mientras que la senadora Campillai sufre un revés político y personal que refuerza su narrativa de desprotección frente a la violencia estatal. La construcción de narrativas es divergente: mientras la institucionalidad judicial enfatiza el cumplimiento de requisitos técnicos y la reinserción, la senadora construye un relato de justicia pendiente y falta de reparación, lo que profundiza la polarización sobre cómo el Estado debe tratar a los condenados por violaciones a los derechos humanos.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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