El Ministerio de Minas y Energía presentó el Índice de Pobreza Energética Multidimensional 2026, revelando que 9,22 millones de personas aún viven en esta condición en el país. Esta cifra representa al 20,6% de los hogares colombianos, lo que equivale a una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. El informe destaca que, entre 2023 y 2025, cerca de 1,5 millones de personas lograron superar esta situación mediante programas de transición energética. La región Caribe concentra el mayor número de personas afectadas, con 2,64 millones de ciudadanos en pobreza energética, mientras que la zona de Amazonía-Orinoquía presenta la mayor incidencia porcentual con un 30,3%. Expertos como Julio César Vera señalan que la crisis financiera de empresas operadoras en el Caribe ha limitado la inversión, aunque la intervención estatal ha mitigado un impacto mayor. Por su parte, el exministro Andrés Camacho atribuyó las dificultades en la Amazonía-Orinoquía a la falta de infraestructura en zonas no interconectadas. El Gobierno nacional atribuye los avances a la implementación de comunidades energéticas, el programa Colombia Solar y la masificación del gas domiciliario. El ministro Edwin Palma enfatizó que la medición permite focalizar la inversión pública para cerrar brechas territoriales. El informe subraya que la pobreza energética ahora se evalúa bajo variables multidimensionales, incluyendo acceso a internet, tecnologías de la información y condiciones de vivienda funcional.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en presentar la transición energética como una herramienta de justicia social, utilizando indicadores multidimensionales para validar su gestión en territorios históricamente excluidos. Al vincular la reducción de la pobreza con programas específicos como las comunidades energéticas, el Ejecutivo busca legitimar su modelo de desarrollo frente a las críticas sobre la calidad del servicio y la crisis financiera de las empresas operadoras. El Gobierno gana al capitalizar políticamente la reducción de indicadores en regiones críticas, mientras que los sectores críticos y analistas independientes mantienen el foco en las deficiencias estructurales y la falta de soluciones de fondo en la infraestructura. La narrativa oficial se construye sobre el impacto positivo en la calidad de vida, mientras que la oposición técnica subraya que la intervención estatal es una medida paliativa ante problemas de sostenibilidad financiera y operativa que persisten en el sector.