El Gobierno Nacional y las autoridades territoriales han oficializado la declaratoria del fenómeno de El Niño, proyectando una intensidad entre fuerte y muy fuerte hasta marzo de 2027. Ante este escenario, Asocapitales y el PNUD presentaron una hoja de ruta para las 32 ciudades capitales, la cual establece un sistema de alertas en tres niveles para gestionar riesgos como el desabastecimiento de agua, incendios forestales y afectaciones a la salud pública. La guía busca que las administraciones locales ajusten sus capacidades operativas y recursos según indicadores técnicos verificables en cada territorio. Expertos han aclarado que la presencia de este fenómeno climático no excluye la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones, como las registradas recientemente en el oriente del país. Esta dualidad climática obliga a las autoridades a mantener una vigilancia simultánea sobre dos frentes: la atención de emergencias por precipitaciones en el corto plazo y la preparación ante sequías prolongadas que presionan los embalses y la calidad del aire. El Ideam ha instado a las entidades públicas a activar sus planes de contingencia a más tardar el 30 de noviembre para mitigar los impactos en la infraestructura y la economía. El sector salud también se encuentra en alerta debido al aumento de partículas contaminantes derivadas de los incendios forestales, lo que eleva el riesgo de enfermedades respiratorias como asma y EPOC. Las autoridades sanitarias han emitido instrucciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica y preparar los centros médicos ante un posible incremento en la demanda de consultas. Por su parte, gremios como Fedemunicipios han solicitado una mayor articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones para garantizar que los municipios con capacidades limitadas cuenten con los recursos necesarios para enfrentar la crisis.

Análisis político

La estrategia política se centra en la descentralización de la gestión del riesgo, trasladando la responsabilidad operativa a los alcaldes mediante guías técnicas que buscan evitar la improvisación. Se observa un esfuerzo por institucionalizar la respuesta climática, alejándose de la reacción reactiva para adoptar un modelo de monitoreo basado en datos, lo cual permite a los mandatarios locales justificar la toma de decisiones impopulares, como el racionamiento de agua, bajo criterios científicos. En este contexto, el Gobierno Nacional gana legitimidad al liderar la coordinación técnica, mientras que los municipios más vulnerables y con menores recursos fiscales son los que enfrentan el mayor riesgo político si la atención de emergencias falla. La narrativa oficial se construye sobre la necesidad de una articulación mancomunada, contrastando con gestiones anteriores, mientras que los actores territoriales utilizan la emergencia para presionar por una mayor transferencia de recursos y autonomía en la ejecución de planes de contingencia.