El sistema eléctrico colombiano atraviesa una fase crítica debido a la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño severo, sumado a una demanda de energía que alcanzó niveles récord en junio. El operador del sistema, XM, advirtió que la infraestructura actual presenta un deterioro en su confiabilidad, con retrasos significativos en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión. Esta situación ha obligado a emitir instrucciones de desconexión de carga para evitar sobrecargas en la red eléctrica nacional. Ecopetrol y diversas empresas del sector energético han implementado planes de contingencia para mitigar el riesgo de racionamiento. La estatal petrolera ha fortalecido su capacidad de autogeneración y regasificación, proyectando que sus nuevos proyectos en Buenaventura y Puerto Bahía aporten cerca del 35% de la demanda nacional de gas hacia finales de 2026. Paralelamente, otras compañías están invirtiendo en infraestructura de gas licuado de petróleo para ofrecer alternativas a la industria ante la escasez de gas natural. La preocupación se centra en el mantenimiento de la planta de importación Spec, programado para finales de julio, el cual dejaría un déficit de suministro que afectaría principalmente a la industria. Gremios como Acolgen han señalado que el país ha perdido el margen de maniobra que poseía en años anteriores, instando al Gobierno a garantizar el pago de subsidios y el abastecimiento de combustibles. La falta de lluvias suficientes para los embalses, que operan bajo sus mínimos históricos, mantiene al sector en alerta máxima ante la posibilidad de apagones programados.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la gestión de expectativas y la mitigación de riesgos operativos mediante la coordinación público-privada, aunque con tensiones evidentes por la falta de participación de los gremios en los comités de seguimiento gubernamentales. El Gobierno busca evitar una crisis de suministro que tendría altos costos políticos, mientras que los gremios utilizan los informes técnicos de XM para presionar por soluciones estructurales y el pago de deudas pendientes en el sector. En este escenario, el Gobierno pierde margen de maniobra al enfrentar una crisis de infraestructura que limita su capacidad de respuesta, mientras que los actores del sector energético ganan relevancia al posicionarse como los ejecutores de las soluciones técnicas necesarias. La narrativa oficial se enfoca en la transición energética y la resiliencia, mientras que la narrativa gremial subraya la pérdida de confiabilidad del sistema y la urgencia de priorizar la seguridad energética sobre otros objetivos de política pública.