Colombia conmemora diez años del plebiscito por la paz entre persistente polarización políticaActualizado · hace 45 días
Resumen
El 2 de octubre de 2026 se cumplió una década del plebiscito en el que el 50,21% de los votantes rechazó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. A pesar del resultado adverso en las urnas, el Ejecutivo de entonces renegoció el documento y lo refrendó posteriormente en el Congreso, lo que generó una fractura política que permanece vigente. La conmemoración actual reavivó el debate sobre la legitimidad de dicho proceso y el impacto de la justicia transicional en el país.
Voceros del Centro Democrático, como el senador Hernán Cadavid y el político José Obdulio Gaviria, sostienen que el gobierno de la época desconoció la voluntad popular y consolidó un modelo de impunidad. Argumentan que las víctimas no fueron el centro del acuerdo y critican el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por su parte, defensores del proceso, como el exnegociador Humberto de la Calle, califican la votación como un ejercicio necesario que permitió racionalizar la discusión y alcanzar la firma definitiva.
El aniversario coincide con una coyuntura de cambios institucionales, donde el gobierno actual propone recortes presupuestales a la JEP y reformas para revisar las sentencias contra miembros de la Fuerza Pública. Informes del Instituto Kroc advierten que el país atraviesa una transición política que podría redefinir el rumbo de lo pactado. Mientras tanto, la persistencia de grupos disidentes y economías ilícitas alimenta las críticas de quienes consideran que el acuerdo no cumplió con sus promesas fundamentales.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la instrumentalización de la memoria histórica para capitalizar el descontento electoral vigente. Mientras el sector uribista utiliza el aniversario para validar su narrativa de 'impunidad' y justificar reformas estructurales a la JEP, los defensores del acuerdo intentan blindar la legitimidad del proceso como un mandato de Estado inalterable. Esta confrontación narrativa busca movilizar bases electorales de cara a los retos institucionales del presente.
En este escenario, el gran perdedor es la cohesión social, pues el evento reafirma la división del mapa político colombiano en dos bloques irreconciliables. Ganan los sectores que promueven una agenda de revisión de la justicia transicional, al lograr posicionar en la agenda pública la necesidad de modificar las reglas de juego de la JEP, mientras que el legado del acuerdo de 2016 queda debilitado ante la falta de un consenso nacional sobre su implementación y resultados.
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