El directorio de Codelco detectó inconsistencias en las cifras de producción de las divisiones Ministro Hales y El Salvador correspondientes a los años 2024 y 2025. La irregularidad consiste en una posible doble contabilización de material, lo que habría generado un incremento artificial en los reportes de inventario y producción. Ante estos hallazgos, la estatal encargó una auditoría externa a la firma EY y entregó los antecedentes al Ministerio Público para su investigación penal. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, calificó los hechos como graves y confirmó que existen altos exejecutivos involucrados en la trama. La autoridad judicial anunció que citará a declarar a las personas mencionadas en la denuncia y realizará diligencias adicionales para esclarecer la magnitud del fraude. Esta situación se suma a una denuncia previa realizada en mayo, donde se reportó una sobreproducción de 27 mil toneladas en otras divisiones de la cuprífera. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó la gestión del directorio y exigió llegar hasta las últimas consecuencias bajo una política de tolerancia cero. Por su parte, el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia de probidad y excelencia operacional. La auditoría externa también deberá determinar si estas duplicidades afectaron el cálculo y pago de incentivos variables a los trabajadores.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la construcción de una narrativa de 'ordenar la casa' y probidad, utilizada por la actual administración de Codelco y el Ejecutivo para desmarcarse de gestiones anteriores. Al judicializar los hallazgos y hacerlos públicos, el directorio busca blindar su gestión frente a posibles críticas por ineficiencia, trasladando la responsabilidad hacia exejecutivos y transformando un problema técnico-operativo en un caso de persecución de irregularidades administrativas. En este escenario, el Gobierno y el directorio de Codelco ganan capital político al posicionarse como fiscalizadores implacables, mientras que los exejecutivos y la administración anterior pierden legitimidad y enfrentan riesgos legales directos. La narrativa se construye mediante el contraste entre la 'opacidad' del pasado y la 'transparencia' actual, utilizando el concepto de 'tolerancia cero' para consolidar el control sobre la estatal y justificar la intervención de auditoras externas.