El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente la pérdida de la personería jurídica del Partido Comunes, colectividad surgida tras el Acuerdo de Paz de 2016. La decisión administrativa, formalizada el 1 de octubre, responde al incumplimiento del umbral electoral del 3% requerido por la Constitución durante las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Esta medida marca el fin del régimen especial que garantizó diez curules en el Congreso a los excombatientes durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026. La colectividad intentó mantener su reconocimiento político mediante una coalición con el movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo, pero la alianza no alcanzó los 584.362 votos necesarios. Tras la finalización del periodo especial el 19 de julio de 2026, el partido quedó sujeto a las reglas ordinarias del sistema electoral colombiano. La resolución del CNE implica la salida de Comunes del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, lo que conlleva la pérdida de financiación estatal y la capacidad de avalar candidatos propios. El proceso administrativo se extendió durante siete meses debido a la necesidad del tribunal electoral de estudiar a fondo el caso y escuchar a las partes involucradas antes de emitir la orden definitiva. La decisión, que admite recursos de reposición, pone fin a una etapa de representación política garantizada para los antiguos integrantes de las Farc. Otros partidos políticos, como Oxígeno, el Partido Ecologista, La Fuerza y Esperanza Democrática, también se encuentran bajo observación del CNE por posibles incumplimientos en el umbral electoral.

Análisis político

La pérdida de la personería jurídica de Comunes evidencia el agotamiento de las garantías políticas excepcionales pactadas en el Acuerdo de Paz, forzando a los excombatientes a competir en igualdad de condiciones dentro de un sistema electoral altamente competitivo. La estrategia de coalición con movimientos regionales, como Fuerza Ciudadana, resultó insuficiente para superar el umbral, lo que demuestra la dificultad de la colectividad para consolidar un caudal electoral propio fuera del esquema de curules asignadas. Este evento representa una derrota política para los antiguos líderes de las Farc, quienes pierden su estatus como partido oficial y, con ello, el acceso directo a recursos públicos y avales. Por otro lado, el evento es utilizado por sectores críticos, como el representante Daniel Briceño, para presionar al CNE hacia una depuración del sistema de partidos, señalando a otras colectividades que tampoco alcanzaron el umbral. Se construye así una narrativa de estricto cumplimiento constitucional frente a los privilegios del pasado, mientras que los actores afectados enfrentan el desafío de reorganizarse como grupos significativos de ciudadanos o buscar nuevas alianzas para sobrevivir en el escenario electoral de 2027. La decisión del CNE refuerza la institucionalidad electoral al aplicar las reglas ordinarias a todos los actores políticos sin distinción.