El presidente Gustavo Petro oficializó mediante decreto la salida de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia y designó a Cielo Rusinque como ministra encargada. La decisión se produjo tras las declaraciones públicas de Cuervo, quien cuestionó la política de paz total y criticó específicamente el otorgamiento de estatus político a las disidencias de las FARC. El exministro también señaló la falta de un marco jurídico claro en las negociaciones con grupos armados durante la actual administración. Cielo Rusinque, quien actualmente se desempeña como superintendente de Industria y Comercio, asumirá la cartera de Justicia sin separarse de sus funciones actuales. Su nombramiento ocurre en la recta final del gobierno de Petro, a menos de un mes de la transición presidencial programada para el 7 de agosto. La funcionaria deberá liderar el cierre administrativo y el proceso de empalme con el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La gestión de Rusinque en el Ministerio de Justicia se da en un contexto de alta tensión política y judicial. El nombramiento de la abogada ha sido objeto de controversia previa debido a fallos del Consejo de Estado sobre sus requisitos para cargos públicos. Mientras tanto, el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante enfrenta dificultades, incluyendo la suspensión de reuniones y acusaciones mutuas entre las partes.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en blindar la narrativa oficial sobre la paz total mediante la sustitución de voces críticas por funcionarios de absoluta confianza. Al remover a Cuervo, el Ejecutivo prioriza la lealtad ideológica sobre la continuidad técnica en una cartera estratégica, asegurando que el cierre de su mandato no incluya cuestionamientos internos a sus políticas bandera. El evento beneficia al presidente Petro al mantener el control total del Ministerio durante la transición, mientras que el sector crítico pierde un interlocutor que validaba sus reparos desde adentro. La narrativa del Gobierno se construye bajo la premisa de unidad y defensa de su legado, mientras que la oposición y los sectores críticos interpretan el movimiento como una señal de radicalización y falta de autocrítica en la etapa final del mandato.