CDE demanda al senador Miguel Ángel Calisto por fraude al Fisco de 131 millones
Resumen
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil contra el senador independiente Miguel Ángel Calisto para recuperar más de 131 millones de pesos. El organismo acusa al parlamentario de obtener estos fondos de manera fraudulenta mediante la simulación de asesorías parlamentarias en el Congreso y proyectos no ejecutados en el Gobierno Regional de Aysén. La acción legal busca la reparación económica al erario nacional, complementando el proceso penal en curso donde la Fiscalía solicita 12 años de cárcel.
La situación judicial del senador se complicó tras la reapertura de la investigación por parte del Juzgado de Garantía de Coyhaique, decretada por un plazo de 60 días. Esta resolución, motivada por solicitudes de la defensa de otros imputados, dejó sin efecto temporalmente el cierre de la causa y la acusación formal, lo que impacta directamente en la audiencia de desafuero programada. La defensa de Calisto sostiene que, al no existir una investigación cerrada, el proceso de desafuero debe quedar suspendido hasta que se cumplan los nuevos trámites procesales.
El caso se sustenta en testimonios de excolaboradores del senador, como Roland Cárcamo y Carla Graf, quienes confesaron haber participado en un esquema de contrataciones ficticias. Según las declaraciones, los fondos obtenidos bajo la fachada de asesorías eran destinados a gastos personales del parlamentario y al financiamiento de campañas políticas de su círculo cercano. Calisto ha negado las acusaciones, calificándolas como maniobras de sus antiguos colaboradores para obtener beneficios procesales ante la justicia.
Análisis Político
La estrategia política observada en este caso refleja una pugna entre la judicialización de la corrupción y la supervivencia parlamentaria. Mientras la Fiscalía y el CDE buscan romper el fuero constitucional para avanzar hacia un juicio oral, la defensa del senador utiliza tácticas procesales para dilatar los plazos, aprovechando la reapertura de la investigación para cuestionar la validez de la acusación. Esta maniobra busca ganar tiempo en un momento crítico, dado que el voto de Calisto es considerado decisivo para la aprobación de reformas gubernamentales en el Senado.
En este escenario, el gran perdedor es la institucionalidad y la confianza pública, al quedar expuesta una red de desvío de recursos fiscales que involucra a figuras políticas de diversas trayectorias. Por otro lado, el Gobierno se encuentra en una posición compleja, pues depende de un parlamentario cuestionado judicialmente para avanzar en su agenda legislativa. La narrativa se construye bajo dos ejes opuestos: la Fiscalía presenta el caso como un ejemplo de lucha contra la corrupción sistémica, mientras que el entorno del senador intenta instalar la idea de una persecución política basada en testimonios interesados de excolaboradores.
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