La aparición de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un cilindro sospechoso en el puente de la avenida Murillo con Circunvalar, en Barranquilla, generó una alerta de seguridad durante la madrugada del 8 de octubre. La Policía Metropolitana acordonó la zona y suspendió el tráfico vehicular y el servicio de transporte público como medida preventiva ante una posible amenaza explosiva. Unidades antiexplosivos realizaron la inspección técnica de los elementos abandonados en la estructura vial. La comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, confirmó tras la revisión que los objetos no contenían material explosivo. Las autoridades analizan actualmente grabaciones de cámaras de seguridad que captaron a un hombre descendiendo de un vehículo para instalar la propaganda subversiva. El cierre temporal de esta arteria vial, que conecta con el municipio de Soledad, causó congestión vehicular y desvíos en las rutas de transporte durante las primeras horas de la mañana. Este evento se suma a una serie de antecedentes similares registrados en el departamento del Atlántico desde 2024, donde han aparecido insignias de grupos armados ilegales en diversos puntos estratégicos. La institución policial calificó el hecho como una táctica de intimidación psicológica destinada a proyectar una falsa imagen de control territorial. La investigación continúa abierta para identificar a los responsables de esta acción que buscó alterar la tranquilidad ciudadana.

Análisis político

La estrategia observada se basa en el uso de propaganda subversiva y elementos intimidatorios para generar una percepción de inseguridad y control territorial sin necesidad de una capacidad bélica real. Al utilizar símbolos de grupos armados en puntos neurálgicos de la ciudad, los actores buscan maximizar el impacto mediático y la zozobra en la población civil, obligando a las autoridades a desplegar protocolos de seguridad que paralizan la movilidad urbana. En este escenario, el grupo armado gana visibilidad y logra imponer una narrativa de presencia en zonas urbanas, mientras que las autoridades pierden capacidad de control preventivo al verse forzadas a reaccionar ante falsas amenazas. La construcción de la narrativa oficial se enfoca en desestimar el poder real de la estructura criminal, etiquetando el evento como una manipulación psicológica para evitar que la ciudadanía perciba una vulnerabilidad institucional mayor.