Cancillería detecta presuntas irregularidades en 811 contratos firmados durante el gobierno Petro
Resumen
La Cancillería, bajo la administración actual, reveló hallazgos preliminares tras auditar 811 contratos suscritos en 2026 por el gobierno de Gustavo Petro. La investigación identificó 551 acuerdos con actividades repetidas, de los cuales 367 comparten objetos idénticos pero con valores significativamente distintos. Entre los casos atípicos destaca un contrato de 2.839 millones de pesos con una ejecución de apenas dos días y otro registrado por cero pesos con vigencia hasta 2028.
El análisis resalta una concentración inusual de la contratación en fechas críticas, como el 30 de enero de 2026, cuando se firmaron 227 contratos un día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Además, el 99,6% de los procesos analizados se realizaron mediante contratación directa, sin procesos competitivos de selección. La entidad también reportó la creación de 618 cargos en la planta de personal sin los soportes técnicos ni presupuestales requeridos.
La Cancillería remitió 19 contratos con observaciones, que suman cerca de 100.164 millones de pesos, a la Contraloría General de la República para su revisión. Las autoridades aclararon que estos hallazgos son preliminares y no constituyen un detrimento patrimonial probado, garantizando el debido proceso a los responsables. Los casos debidamente sustentados serán trasladados a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para las investigaciones pertinentes.
Análisis Político
La estrategia del actual gobierno se centra en el uso de auditorías forenses como herramienta de control político para auditar la gestión de la administración anterior. Al exponer patrones de contratación directa y concentración de firmas antes de la Ley de Garantías, el Ejecutivo busca legitimar su discurso de transparencia y señalar posibles focos de corrupción en la gestión saliente, capitalizando el desgaste político de la oposición.
El gobierno actual gana legitimidad ante la opinión pública al presentarse como un ente fiscalizador que protege los recursos estatales, mientras que el gobierno anterior pierde credibilidad al quedar expuesto a cuestionamientos sobre la eficiencia y legalidad de su contratación. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la supuesta opacidad de la administración Petro y la rigurosidad técnica que pretende imponer la nueva Cancillería.
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