El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, condicionó el apoyo de su país en la protección de los derechos sobre el Estrecho de Magallanes a una mayor alineación de Chile con los intereses estadounidenses. Durante el evento del Día del Comercio Global, el diplomático vinculó la cooperación en seguridad y la defensa territorial a la disposición chilena de trabajar en temas prioritarios para Washington. Estas declaraciones generaron una respuesta inmediata de las autoridades nacionales, quienes calificaron el planteamiento como una injerencia inaceptable. El canciller Francisco Pérez Mackenna enfatizó que el Estrecho de Magallanes es soberanía chilena y que el país posee la capacidad histórica de defender sus fronteras sin asistencia externa. El ministro no descartó la posibilidad de emitir una nota de protesta formal, señalando que la Cancillería se encuentra evaluando el alcance de las palabras del embajador. A pesar de la tensión, el titular de Relaciones Exteriores subrayó que las relaciones históricas con Estados Unidos se mantienen vigentes. La mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, también emitió un comunicado oficial rechazando cualquier condicionamiento externo sobre la soberanía nacional. Los parlamentarios recalcaron que la cooperación internacional debe basarse en el respeto mutuo y la reciprocidad, advirtiendo que no debe confundirse la colaboración con una relación de dependencia. Esta postura busca evitar que se establezca un precedente diplomático que permita a representantes extranjeros intervenir en asuntos internos del Estado.

Análisis político

La estrategia política observada en este evento es una reafirmación de la soberanía nacional frente a la presión externa, utilizada por el Ejecutivo y el Legislativo para consolidar una imagen de autonomía ante la opinión pública. El Gobierno y el Senado construyen una narrativa de dignidad republicana, diferenciando claramente entre la cooperación estratégica necesaria y la subordinación política, lo cual permite al oficialismo y a la oposición parlamentaria coincidir en un discurso de defensa de los intereses nacionales. En este escenario, el embajador Judd pierde capital político al generar un impasse diplomático que incomoda a sus interlocutores, mientras que el Gobierno chileno gana legitimidad interna al mostrar firmeza ante una potencia extranjera. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la base de la historia y el derecho internacional, mientras que el embajador intenta imponer una lógica de transaccionalidad geopolítica que, en el contexto chileno, es percibida como una vulneración a la independencia del país.