La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece un bono extraordinario de 30 mil pesos por hijo, destinado a familias dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, busca mitigar el impacto del alza en el costo de la vida sobre los hogares con menores de hasta 13 años. El beneficio se entregará de forma automática, sin necesidad de trámites, utilizando los registros administrativos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El proyecto, que ahora avanza a su segundo trámite constitucional en el Senado, contempla una cobertura para más de 1,7 millones de hogares y cerca de 2 millones de niños y niñas. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, destacó que la medida prioriza a quienes enfrentan mayores dificultades económicas y busca poner a la infancia en el centro de la política pública. El pago se realizará en una sola cuota y no será tributable ni constituirá renta para los beneficiarios. Durante la discusión legislativa, surgieron diversas posturas respecto al alcance de la medida. Mientras los sectores oficialistas defendieron el apoyo directo como una respuesta necesaria ante la situación económica, parlamentarios de oposición cuestionaron la suficiencia del monto y abogaron por políticas de carácter permanente. Asimismo, se valoraron aspectos técnicos incorporados en comisiones, como la inembargabilidad del aporte y la protección de datos personales de los beneficiarios.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la implementación de transferencias directas y automáticas para capitalizar el apoyo ciudadano ante la inflación, evitando la burocracia que suele desgastar la percepción de las políticas sociales. Al presentar el bono como una medida de alivio inmediato, el Gobierno busca consolidar su narrativa de protección a la infancia y a las familias vulnerables, utilizando la unanimidad en la Cámara como un respaldo a su gestión en un contexto de alta sensibilidad económica. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al lograr un consenso transversal, mientras que la oposición, aunque vota a favor, intenta marcar una diferencia narrativa al calificar el bono como insuficiente o paliativo frente a problemas estructurales como el alza de combustibles. La construcción de narrativas se divide entre un Ejecutivo que enfatiza la eficiencia y la rapidez de la ayuda, y una oposición que busca instalar la idea de que el Estado debe transitar desde bonos únicos hacia políticas de seguridad social permanentes.