Bogotá y Cali mantienen restricciones de movilidad y controlan el pago de tasas viales
Resumen
Las Secretarías de Movilidad de Bogotá y Cali han ratificado la continuidad de las medidas de pico y placa para el cierre de septiembre y el inicio de octubre de 2026. En Bogotá, la restricción para vehículos particulares opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., alternando la circulación según el último dígito de la placa. Por su parte, Cali mantiene una restricción de 13 horas diarias, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., con un esquema de rotación vigente desde julio pasado.
Ambas ciudades han enfatizado la importancia de cumplir con la normativa para evitar sanciones económicas significativas, que en ambos casos ascienden a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Las autoridades han advertido sobre la inmovilización de los vehículos como consecuencia adicional del incumplimiento. En Bogotá, se ha hecho un llamado especial a los conductores para que utilicen únicamente los canales oficiales al gestionar el permiso de Pico y Placa Solidario, alertando sobre posibles estafas mediante sitios web no autorizados.
La gestión de la movilidad en ambas capitales incluye alternativas para los ciudadanos que requieren circular durante los horarios restringidos. Cali permite el pago de una tasa de congestión mensual o semestral, mientras que Bogotá ofrece el esquema de Pico y Placa Solidario. En ambos casos, los trámites deben realizarse de manera virtual y anticipada, cumpliendo con los requisitos específicos de cada administración distrital para garantizar la validez de la excepción.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la tecnocracia de la movilidad como herramienta de control urbano y recaudo fiscal. Al implementar tasas de congestión y permisos solidarios, las administraciones locales transforman una restricción de tránsito en una fuente de ingresos, justificando el cobro bajo la premisa de mitigar el impacto ambiental y mejorar la infraestructura vial. Esta política busca equilibrar la demanda de transporte privado con la capacidad de las vías, trasladando el costo de la externalidad negativa del tráfico directamente al usuario.
En este escenario, las administraciones locales ganan legitimidad al presentarse como gestoras eficientes del orden público, mientras que los ciudadanos con mayor capacidad adquisitiva resultan beneficiados al poder eludir la restricción mediante el pago. La narrativa oficial se construye sobre la pedagogía y la seguridad digital, advirtiendo contra intermediarios para centralizar el control del trámite en las plataformas gubernamentales. Por el contrario, los conductores de menores ingresos pierden flexibilidad, quedando sujetos estrictamente a los calendarios de rotación sin opciones de exención económica.
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