La Comisión Primera de la Cámara de Representantes conmemoró los diez años del plebiscito por la paz con un conversatorio que reunió a diversos actores políticos y sociales. Durante el evento, el exnegociador Humberto de la Calle admitió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha cometido errores y presenta demoras, sugiriendo que debe someterse a medidas de austeridad fiscal. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó el impacto del tribunal sobre los integrantes de la Fuerza Pública, mientras que el Centro Democrático impulsa reformas para revisar sus sentencias. El expresidente Juan Manuel Santos intervino en el debate nacional aclarando que, aunque la JEP debe cumplir su cometido, no respalda una prórroga de su mandato más allá de lo previsto constitucionalmente. Santos enfatizó la necesidad de garantizar los recursos necesarios para que el tribunal opere hasta 2033, advirtiendo que los recortes presupuestales afectan directamente a las víctimas y la credibilidad del Estado. El exmandatario también rechazó las críticas sobre un supuesto sesgo en las decisiones judiciales contra los militares frente a los excombatientes de las Farc. La discusión se intensificó ante la propuesta de un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos para 2027 y las denuncias sobre el uso de recursos públicos para financiar proyectos productivos de los firmantes de paz. Mientras sectores de oposición critican la estructura burocrática y los costos de la justicia transicional, los defensores del Acuerdo insisten en que el cumplimiento de los compromisos es una obligación constitucional. El debate refleja la persistente polarización sobre la eficacia del modelo de justicia y la vigencia de sus instituciones.

Análisis político

Se observa una estrategia de presión presupuestal por parte de la oposición para limitar el alcance operativo de la JEP, utilizando el argumento de la austeridad fiscal para cuestionar su legitimidad. Paralelamente, los arquitectos del Acuerdo de Paz buscan blindar la institución apelando a la seguridad jurídica y a la palabra empeñada del Estado, intentando desviar el debate de la eficiencia administrativa hacia la obligación moral con las víctimas. En este escenario, el Centro Democrático gana terreno al capitalizar el descontento ciudadano sobre los costos del proceso y la percepción de impunidad, mientras que los defensores del Acuerdo pierden capacidad de maniobra al verse obligados a reconocer fallas internas del tribunal. La narrativa se construye bajo una dicotomía clara: para unos, la JEP es un aparato burocrático ineficiente y costoso; para otros, es el pilar fundamental de la paz que no debe ser desmantelado por intereses políticos coyunturales.