El exfiscal general Francisco Barbosa anunció que presentará una denuncia penal el próximo 5 de octubre ante la Fiscalía General de la Nación. Esta acción responde a revelaciones sobre presuntas actividades de inteligencia, seguimientos e interceptaciones ilegales realizadas en su contra durante la administración de Gustavo Petro. Barbosa sostiene que estos actos buscaron intimidar a la justicia mientras el ente investigador adelantaba procesos contra personas del entorno del entonces mandatario. Las denuncias se fundamentan en una auditoría forense ordenada por el actual presidente, Abelardo De la Espriella, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El informe, que puso bajo cadena de custodia 147 terabytes de información y diversos equipos tecnológicos, sugiere la existencia de una estructura paralela de contrainteligencia. Esta unidad habría operado de manera articulada con la UIAF y la DIAN para perfilar a opositores, periodistas y funcionarios públicos. El exfiscal calificó estos hechos como uno de los ataques más graves contra la independencia judicial en la historia reciente del país. Además de la denuncia penal, Barbosa solicitará formalmente a la DNI y a la UIAF la entrega y preservación de cualquier registro o documento relacionado con su persona. La investigación busca determinar responsabilidades jerárquicas y esclarecer si se utilizaron recursos estatales para fines de persecución política.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de confrontación institucional donde el gobierno actual utiliza auditorías forenses como herramienta de control político para deslegitimar la administración anterior. Al exponer presuntas irregularidades en la DNI, el Ejecutivo busca consolidar una narrativa de 'Estado capturado' por intereses ideológicos, mientras que figuras como Barbosa capitalizan el hallazgo para posicionarse como víctimas de un régimen autoritario, reforzando su perfil de defensores de la institucionalidad. En este escenario, el gobierno de De la Espriella gana legitimidad al presentarse como un agente de depuración y transparencia, mientras que el sector político vinculado a Petro pierde capital reputacional ante las acusaciones de uso indebido de inteligencia. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo enfatiza la necesidad de una reestructuración profunda de la seguridad nacional, los afectados denuncian una persecución sistemática que busca neutralizar a la oposición y a los órganos de control independientes.