Asesinan a tres comerciantes tras ser secuestrados en el norte del CaucaActualizado · hace 32 días
Resumen
Tres comerciantes identificados como Jhon Pedro Rodríguez, Rodrigo Rodríguez y Jhon Bastos fueron hallados sin vida en zona rural de los municipios de Corinto y Miranda, Cauca. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 26 de junio de 2026 mientras realizaban actividades comerciales en la región. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogó este hecho como la masacre número 69 registrada en Colombia durante el presente año.
Las autoridades y organizaciones sociales indicaron que los hombres fueron interceptados, retenidos y posteriormente trasladados a sectores rurales por un grupo armado ilegal. Los cuerpos presentaban signos de tortura y heridas ocasionadas con arma de fuego al momento de su hallazgo. Debido a las condiciones de seguridad y las dificultades de acceso en la zona, fueron los habitantes locales quienes facilitaron el traslado de los cadáveres hacia Medicina Legal en Santander de Quilichao.
La Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer los móviles del triple homicidio e identificar a los responsables. En el territorio donde ocurrieron los hechos tienen presencia estructuras como la Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC y el frente 57 Yahir Bermúdez. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este suceso que ha generado zozobra en la región.
Análisis Político
La estrategia de los grupos armados ilegales en el norte del Cauca se basa en el control territorial absoluto, donde la ausencia de fuerza pública permite que estas organizaciones impongan su ley mediante el secuestro y la violencia extrema. Este evento evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas rurales, donde la población civil queda atrapada en medio de las disputas entre disidencias y bandas locales, obligando a los habitantes a asumir roles de auxilio ante la incapacidad estatal de ingresar a los territorios.
El Estado pierde legitimidad y control al no poder garantizar la seguridad ni el acceso judicial en áreas críticas, mientras que los grupos armados ganan capacidad de intimidación al ejecutar actos de violencia que envían mensajes de dominio. La narrativa oficial se centra en la investigación judicial y el conteo estadístico de masacres, mientras que las comunidades locales construyen una narrativa de abandono y autogestión forzada ante la violencia persistente.
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