La exconsejera presidencial Eva Ferrer denunció ante la opinión pública que la exprimera dama, Verónica Alcocer, habría encabezado una estructura dedicada al tráfico de drogas, armas y lavado de activos. Según el testimonio de Ferrer, Alcocer utilizó aviones oficiales para realizar viajes a Venezuela, desde donde presuntamente ingresaron 2,5 millones de dólares en efectivo para financiar campañas políticas. La exfuncionaria afirmó que el entorno de la exprimera dama, incluyendo a empresarios y familiares, operaba bajo una lógica de intereses económicos personales y presiones burocráticas. Las declaraciones involucran a figuras como el senador Agmeth Escaf y el primo de la exprimera dama, Mario Fernández Alcocer, a quienes Ferrer señaló de ejercer influencia indebida en entidades estatales como el ICBF y ProColombia. La exconsejera también vinculó al expresidente Gustavo Petro con esta estrategia, sugiriendo que el mandatario se benefició del apoyo logístico y electoral proporcionado por dicho círculo. Ferrer aseguró que decidió revelar estos hechos tras recibir amenazas contra su vida, por lo cual solicitó protección a las autoridades competentes. El senador Agmeth Escaf rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de calumnias y anunciando acciones legales por injuria contra Ferrer. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, solicitó formalmente a las autoridades nacionales e internacionales que inicien investigaciones de oficio sobre los presuntos delitos denunciados. Hasta el momento, las afirmaciones de la exconsejera se mantienen como testimonios sin pruebas documentales públicas que las respalden ante la justicia.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de ruptura total por parte de una excolaboradora del círculo íntimo del gobierno anterior, quien utiliza la denuncia pública como mecanismo de autoprotección y deslegitimación de la administración saliente. Al situar a Verónica Alcocer como el eje central de una 'mafia' y al expresidente Petro como un beneficiario cómplice, Ferrer busca transformar una crisis de seguridad personal en un escándalo de corrupción sistémica que erosiona el capital político del Pacto Histórico. En este escenario, el gran perdedor es el entorno político de la ex primera dama, cuya reputación queda bajo escrutinio judicial y mediático, mientras que sectores de la oposición ganan terreno al capitalizar las denuncias para exigir investigaciones internacionales. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la versión de una 'testigo protegida' que alega riesgos de muerte y la defensa de los señalados, quienes intentan reducir las acusaciones a una vendetta personal carente de sustento probatorio.