El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0991 de 2026, el cual reglamenta la seguridad social para repartidores de plataformas digitales bajo modalidad independiente. La norma establece que las empresas deben asumir el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras que el trabajador cubre el 40%, y las plataformas deben pagar el 100% de los riesgos laborales. El decreto también define esquemas de cotización proporcionales para quienes perciben menos de un salario mínimo, manteniendo la autonomía de los repartidores sin generar una relación laboral directa. El gremio Alianza In, que representa a las plataformas, ha rechazado la medida argumentando que contradice los consensos alcanzados en la Ley 2466 de 2025. Según el gremio, la reglamentación impone costos excesivos, especialmente en riesgos laborales al fijar una base mínima de un salario mínimo, lo cual afectaría la viabilidad de las operaciones. Además, critican que el decreto traslade a los trabajadores de menores ingresos al régimen subsidiado de salud, apartándose del modelo contributivo compartido previsto inicialmente. La implementación de estas reglas no será inmediata, ya que se otorgó un periodo de 12 meses para realizar las adecuaciones tecnológicas necesarias en la PILA y los sistemas de información. Durante este tiempo, se realizarán pruebas piloto y se mantendrá una instancia de diálogo con diversos actores del sistema. Ante la inconformidad, el sector empresarial ha solicitado formalmente al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella la derogación de este decreto para evitar la posible pérdida de empleos.

Análisis político

La estrategia del gobierno saliente se centró en asegurar una reglamentación técnica de última hora que buscaba ampliar la cobertura de seguridad social, utilizando un enfoque de protección estatal que prioriza la formalización de los trabajadores independientes. Al fijar bases mínimas de cotización, el Ejecutivo intentó blindar el acceso a la salud y pensión, aunque esta decisión fue percibida por el sector privado como una imposición que ignora la realidad operativa de las plataformas y los acuerdos previos del legislativo. En este escenario, el gremio de plataformas se posiciona como el principal actor de presión, buscando capitalizar el cambio de administración para revertir una norma que consideran económicamente inviable. Mientras el gobierno saliente intenta dejar un legado de protección laboral, el sector privado construye una narrativa de 'irresponsabilidad' administrativa, trasladando la responsabilidad política de la posible pérdida de empleos al nuevo gobierno, el cual deberá decidir entre mantener la regulación o ceder ante las demandas de las empresas.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0991 de 2026, el cual establece las condiciones de afiliación, cotización y pago de seguridad social para los repartidores de plataformas digitales bajo modalidad independiente. La norma define un esquema de aportes donde las empresas asumen el 60% de salud y pensión, mientras que los trabajadores cubren el 40%, además de asignar a las plataformas la totalidad de la cotización en riesgos laborales. El decreto introduce mecanismos específicos para quienes perciben menos de un salario mínimo, incluyendo aproximaciones por cuartos de salario para pensiones y el traslado al régimen subsidiado en salud. El gremio Alianza In, que agrupa a las plataformas de reparto, ha manifestado un rechazo contundente a la reglamentación al considerar que se aparta de los acuerdos alcanzados en la Ley 2466 de 2025. Según el gremio, la exigencia de cotizar riesgos laborales sobre una base mínima de un salario mínimo resulta desproporcionada para trabajadores que laboran pocas horas al mes. Los representantes empresariales advierten que estos costos adicionales podrían comprometer la viabilidad operativa del modelo y derivar en la pérdida de miles de oportunidades laborales para los repartidores. La implementación de estas disposiciones no será inmediata, ya que el decreto contempla un periodo de transición de 12 meses condicionado a la adecuación tecnológica de los sistemas de información. Durante este lapso, se prevé la realización de pruebas piloto y la creación de una instancia de diálogo entre el Gobierno, las plataformas y los trabajadores. Ante este escenario, el sector ha solicitado formalmente al nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella la derogación de la norma para ajustar la reglamentación a los consensos previos de la reforma laboral.

Análisis político

La estrategia del gobierno saliente se centró en asegurar una reglamentación técnica de última hora que buscaba formalizar la protección social de los trabajadores digitales, aunque bajo un modelo que el sector privado percibe como una ruptura de los consensos legislativos previos. Al fijar bases mínimas de cotización, el Ejecutivo intentó blindar la cobertura del sistema, mientras que las plataformas interpretan esta acción como una imposición que ignora la realidad económica de la flexibilidad laboral y la baja intensidad horaria de gran parte de los repartidores. En este conflicto, el gremio de plataformas se posiciona como el principal actor de presión, buscando capitalizar el cambio de administración para revertir una medida que consideran inviable financieramente. Mientras el Gobierno saliente intenta dejar un legado de protección social, las empresas construyen una narrativa de 'irresponsabilidad' y riesgo de desempleo masivo, trasladando la responsabilidad política de la posible desestabilización del sector al nuevo gobierno, que ahora enfrenta la presión de decidir entre mantener la norma o ceder ante las demandas del sector privado.