Alcaldes exigen al Gobierno revertir postergación del tramo soterrado del Tren Santiago-Melipilla
Resumen
Ocho alcaldes de la Región Metropolitana emplazaron al Gobierno tras la decisión de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de declarar desierta la licitación y postergar el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda. Los jefes comunales argumentan que esta medida afecta a más de un millón de personas que dependen de la obra para reducir sus tiempos de traslado, los cuales actualmente superan las dos horas diarias. La paralización del proyecto, que ya se encontraba en fase de ejecución, ha generado un fuerte rechazo por parte de las autoridades locales.
Los ediles sostienen que el proyecto es un compromiso de Estado que trasciende administraciones y que no debe ser alterado por estrechez fiscal o cambios de prioridades gubernamentales. Advirtieron que la modificación podría derivar en sobrecostos, una sobrecarga en la estación Lo Errázuriz y una disminución en la rentabilidad social de la infraestructura. Además, cuestionaron la falta de comunicación formal por parte de EFE, señalando que se enteraron de la decisión a través de la prensa.
Para destrabar el conflicto, los alcaldes propusieron instalar una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Transportes y EFE, ofreciendo disposición para acordar mitigaciones respecto a los cobros por uso de bienes nacionales. El gobernador metropolitano se sumó a las críticas, calificando la interrupción como un patrón preocupante de abandono de proyectos de largo plazo. La solicitud busca asegurar el financiamiento necesario para completar el trazado original hasta el centro de Santiago.
Análisis Político
La estrategia de los alcaldes se basa en la presión coordinada y transversal, utilizando la legitimidad de representar a un millón de ciudadanos para elevar el costo político de la decisión gubernamental. Al enmarcar el proyecto como un 'compromiso de Estado' que trasciende gobiernos, los ediles buscan blindar la obra frente a los ajustes presupuestarios de la actual administración, posicionándose como defensores de la continuidad institucional y la eficiencia en la inversión pública.
El Gobierno central pierde capital político al ser percibido como una administración que interrumpe obras de alto impacto social, mientras que los alcaldes y el gobernador regional ganan visibilidad al liderar una demanda ciudadana concreta. La narrativa del Ejecutivo se centra en la optimización de recursos y la gestión técnica, mientras que la oposición local construye una narrativa de abandono y falta de planificación, lo que profundiza la desconfianza en la capacidad del Estado para cumplir con sus promesas de infraestructura a largo plazo.
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