El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha calificado como un capricho ideológico la propuesta del gobierno de José Antonio Kast de eliminar las contribuciones de forma universal para adultos mayores. El jefe comunal sostiene que esta medida beneficia a menos del 1% de la población con mayores recursos y desfinancia servicios básicos municipales esenciales como la recolección de basura y el alumbrado público. La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) ha solicitado formalmente certezas sobre la compensación de ingresos, rechazando fórmulas parciales que vulneren el Fondo Común Municipal. La disputa se centra en la votación en particular del proyecto de reconstrucción nacional en el Senado, donde los alcaldes buscan introducir una indicación para focalizar el beneficio. La propuesta municipal sugiere eximir del pago solo a quienes tengan ingresos mensuales inferiores a 3 millones de pesos y propiedades con avalúos específicos, evitando que el alivio tributario alcance a sectores de altos ingresos. A pesar de las gestiones con parlamentarios, los alcaldes han expresado frustración ante la rigidez del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien no ha mostrado disposición para modificar la postura original del Ejecutivo. La tensión política se ha trasladado al Congreso, donde senadores de oposición han ingresado indicaciones para limitar el alcance de la exención mediante tramos de ingresos y avalúos fiscales. Mientras el gobierno insiste en su propuesta original y establece sanciones para quienes declaren falsamente su vivienda principal, los jefes comunales advierten que la aprobación sin cambios sería una bofetada al municipalismo. La incertidumbre sobre el financiamiento futuro de las comunas mantiene a los líderes locales en alerta ante la votación definitiva en la Cámara Alta.

Análisis político

Se observa una estrategia de presión desde el municipalismo transversal hacia el Poder Legislativo, buscando actuar como un contrapeso técnico frente a la rigidez ideológica del Ejecutivo. Los alcaldes utilizan la gestión de servicios básicos como un argumento de gobernabilidad para cuestionar una política pública que, aunque popular en el discurso de campaña, carece de sostenibilidad financiera para los gobiernos locales. Esta dinámica revela una fractura entre la visión centralista del gobierno y la realidad presupuestaria de las comunas. En este escenario, el gobierno arriesga su capital político al ser percibido como inflexible ante demandas técnicas, mientras que los alcaldes ganan legitimidad al posicionarse como defensores de la equidad social y la estabilidad municipal. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la promesa de alivio tributario, mientras que la de los alcaldes se fundamenta en la responsabilidad fiscal y la protección de los servicios públicos, creando un conflicto donde la capacidad de negociación parlamentaria determinará el éxito final de la reforma.