El alcalde de Quinchía, Jader de Jesús Clavijo Bañol, propuso imponer comparendos a los ciudadanos que suministren alimento o agua a un grupo de cinco perros callejeros conocidos como la banda del Serrucho. El mandatario argumentó que estos animales representan un riesgo para la seguridad vial y la salud pública, citando más de 70 accidentes por mordeduras en lo que va del año. La medida busca restringir la presencia de los caninos en el espacio público ante la falta de recursos municipales para construir un albergue de paso. La propuesta provocó una fuerte reacción de las senadoras Andrea Padilla y Esmeralda Hernández, quienes calificaron la iniciativa de ilegal y desproporcionada. Padilla cuestionó la gestión del alcalde en materia de bienestar animal, exigiendo resultados sobre jornadas de esterilización y el cumplimiento de la Ley Ángel. Por su parte, Hernández anunció una jornada de atención animal en el municipio para el 23 de julio, desafiando al mandatario a aplicar las sanciones anunciadas. Ante la controversia nacional, el alcalde Clavijo Bañol aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y aclaró que no se impondrán multas por actos de solidaridad. No obstante, el debate sobre la responsabilidad institucional frente a la fauna callejera persiste, mientras el mandatario denuncia haber recibido amenazas personales tras la difusión de sus palabras. La administración local sostiene que la prioridad es la convivencia ciudadana y la prevención de riesgos en el casco urbano.

Análisis político

La estrategia del alcalde se basa en la securitización de un problema de convivencia, intentando trasladar la responsabilidad de la gestión de fauna callejera hacia la ciudadanía mediante la amenaza de sanciones. Esta táctica busca reducir la presión sobre la administración local ante la falta de infraestructura, pero resulta contraproducente al chocar con la creciente agenda animalista en el Congreso, que utiliza el caso para visibilizar la negligencia institucional y fortalecer su capital político mediante la defensa de causas ciudadanas empáticas. En este evento, las senadoras ganan visibilidad y legitimidad al posicionarse como defensoras de la legalidad y la ética pública frente a una medida percibida como arbitraria. El alcalde pierde capital político al quedar expuesto a una contradicción pública y al ser blanco de críticas por su gestión, mientras que la narrativa de las congresistas logra imponerse al enmarcar el problema no como un asunto de seguridad, sino como una falla en el cumplimiento de las obligaciones legales del Estado hacia los animales.