El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha sido objeto de agresiones físicas y verbales durante sus recorridos por las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región el 10 de agosto. En dos días consecutivos, ciudadanos han increpado al mandatario con gritos de rechazo y lanzamiento de objetos, incluyendo piedras que impactaron al funcionario, obligando a su esquema de seguridad a retirarlo de los puntos de emergencia. Estos incidentes ocurren en un contexto de alta tensión social derivado de la magnitud del desastre natural y la desesperación de los damnificados. La administración distrital ha respondido a la crisis mediante la declaratoria de calamidad pública, la implementación de un toque de queda nocturno y la militarización de sectores estratégicos para prevenir saqueos y facilitar las labores de rescate. El alcalde ha solicitado apoyo adicional al Gobierno Nacional, reportando el colapso de 32 estructuras y el rescate de al menos 38 personas. La red hospitalaria se mantiene en alerta roja para priorizar la atención de los heridos mientras los equipos de socorro continúan con las evaluaciones estructurales. Ante la persistencia de réplicas, como la registrada el 11 de agosto con epicentro en Chocó, el mandatario ha instado a la población a mantener la calma y seguir únicamente la información oficial. La ciudad ha habilitado centros de acopio y albergues, como la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, para atender a las víctimas. A pesar de los esfuerzos institucionales por coordinar la respuesta, el descontento ciudadano se ha manifestado de forma violenta durante las visitas oficiales del alcalde a los territorios más golpeados por el sismo.

Análisis político

La estrategia política de la administración distrital se centra en la centralización del mando y la securitización de la respuesta ante la emergencia, utilizando herramientas como la militarización y el toque de queda para mantener el orden público. Esta postura busca proyectar una imagen de control institucional frente a la crisis, aunque la reacción violenta de la ciudadanía sugiere una desconexión entre las medidas de seguridad y las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas, quienes perciben la presencia del mandatario como un blanco para expresar su frustración. En este escenario, el alcalde pierde capital político al convertirse en el foco del descontento social, mientras que los sectores críticos de su gestión aprovechan la vulnerabilidad de la crisis para cuestionar su capacidad de respuesta. La narrativa oficial se construye bajo el llamado a la unidad y la resiliencia, mientras que la narrativa ciudadana, expresada en los ataques, se articula desde el abandono y la desconfianza hacia la autoridad local en momentos de alta fragilidad social.