El Frente de Guerra Oriental del ELN publicó un video de 16 minutos donde aparecen los investigadores del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025. En la grabación, fechada el 10 de julio de 2026, los funcionarios solicitan al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, gestionar un intercambio humanitario antes de que finalice el actual periodo presidencial. Los agentes, que cumplen 14 meses en cautiverio, expresaron su angustia personal y familiar, instando al Gobierno a priorizar su liberación. La organización insurgente reiteró su disposición para realizar un canje de prisioneros, argumentando que no han recibido respuestas concretas de las autoridades colombianas. El grupo armado advirtió que cualquier intento de rescate militar pondría en riesgo la integridad de los retenidos y responsabilizó tanto al Gobierno saliente como a la administración entrante de Abelardo De La Espriella por cualquier desenlace fatal. Los secuestrados, por su parte, solicitaron al próximo gabinete actuar con prudencia ante esta problemática. Este evento reactiva el debate nacional sobre la viabilidad de los acuerdos humanitarios y la política de paz del Ejecutivo. Los familiares de los agentes han intensificado sus manifestaciones públicas para presionar por una solución negociada antes del cambio de mando. La situación se mantiene bajo observación de organismos internacionales, mientras el ELN insiste en que los funcionarios fueron condenados bajo su propia justicia revolucionaria.

Análisis político

La estrategia del ELN busca instrumentalizar el sufrimiento de los agentes para forzar al Estado a reconocer su estatus político mediante un intercambio, utilizando la presión mediática y el factor tiempo ante la transición presidencial. Al responsabilizar tanto al gobierno saliente como al entrante, el grupo armado intenta blindarse ante futuras operaciones militares y trasladar la carga de la responsabilidad política a la administración de Abelardo De La Espriella antes de que esta asuma el poder. En este escenario, el Gobierno saliente pierde capacidad de maniobra al enfrentar un dilema ético y político a escasas semanas de terminar su mandato, mientras que el ELN gana visibilidad y capacidad de condicionar la agenda de seguridad del nuevo gobierno. La narrativa de los secuestrados, centrada en la humanidad y la urgencia, contrasta con la narrativa de 'justicia revolucionaria' del grupo armado, creando una tensión donde el Estado aparece ineficaz ante la opinión pública, independientemente de la decisión que tome sobre el intercambio.