La Aeronáutica Civil confirmó la reapertura gradual de seis de los siete aeropuertos afectados por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país. Las terminales de Cali, Quibdó y Armenia han retomado sus operaciones comerciales con normalidad, mientras que Buenaventura, Cartago y Manizales operan bajo restricciones como aeropuertos no controlados o limitados a vuelos humanitarios. El aeropuerto de Popayán también presenta cierres, aunque por causas ajenas al sismo relacionadas con la actividad del volcán Puracé. El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira permanece como la terminal con la situación más compleja, manteniendo suspendida su operación comercial. Las autoridades reportaron daños estructurales, incluyendo fisuras en la pista y afectaciones en la torre de control, lo que ha limitado su uso exclusivamente a vuelos de Estado, médicos y de ayuda humanitaria. Videos difundidos tras el evento sísmico mostraron daños en la infraestructura y momentos de pánico entre los usuarios de esta terminal. El Ministerio de Transporte y la Aerocivil mantienen un despliegue técnico para verificar la seguridad de las pistas y sistemas de navegación en las zonas afectadas. Se ha instado a los viajeros a contactar directamente a sus aerolíneas para verificar el estado de sus itinerarios, mientras las empresas aéreas han habilitado medidas especiales de reprogramación y reembolso. La normalización del tráfico aéreo avanza por etapas, priorizando la seguridad operacional sobre la reactivación comercial plena.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de crisis mediante la centralización de la información a través de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte. Al priorizar la comunicación oficial y la verificación técnica, el Gobierno busca mitigar el impacto en la opinión pública y evitar la desinformación, mientras delega en las aerolíneas la responsabilidad operativa de la atención al usuario. Esta narrativa de control gradual permite al Ejecutivo mostrar capacidad de respuesta ante una emergencia nacional, minimizando la percepción de caos. El Gobierno gana legitimidad al demostrar una articulación técnica eficiente, mientras que los operadores aeroportuarios y las administraciones locales, especialmente en Pereira, enfrentan el desgaste político derivado de las críticas sobre la calidad de la infraestructura reciente. La narrativa oficial se construye sobre la seguridad y la prevención, contrastando con la incertidumbre de los pasajeros afectados, quienes se convierten en el grupo que pierde capacidad de movilidad y certidumbre en el corto plazo.