El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que a partir del 7 de agosto iniciará el desmonte de la política de 'Paz Total' implementada por el gobierno de Gustavo Petro. El mandatario electo calificó la estrategia saliente como un fracaso que derivó en impunidad y pérdida de control territorial, por lo que designó un equipo especial para revisar los acuerdos, ceses al fuego y beneficios jurídicos otorgados a grupos armados. Como parte de esta transición, se reactivarán las órdenes de captura vigentes y se buscará devolver a la Fuerza Pública su capacidad operativa para combatir a las estructuras criminales. La medida ha recibido el respaldo de autoridades regionales, como los gobernadores de Caquetá y Tolima, quienes han denunciado un aumento en la violencia, el reclutamiento forzado y la intimidación en sus territorios durante los últimos cuatro años. En respuesta al ultimátum de un mes dado por el presidente electo para que los grupos ilegales se sometan a la justicia, cabecillas de la estructura criminal 'Los Pepes' han manifestado su intención de acogerse a esta vía. El nuevo gobierno ha enfatizado que el sometimiento será la única alternativa para los actores armados, descartando las negociaciones políticas que caracterizaron al periodo anterior. El cambio de enfoque también incluye la designación del general en retiro Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa, con el objetivo de recuperar la labor combativa y la presencia estatal en las zonas críticas. Aunque el desmonte de la política de paz implica desafíos jurídicos y operativos complejos, el equipo de empalme prepara los decretos necesarios para ejecutar esta transición. La administración entrante busca así marcar una ruptura definitiva con el modelo de diálogo previo, priorizando la aplicación de la ley y la seguridad urbana y rural.

Análisis político

La estrategia del presidente electo se fundamenta en una narrativa de 'recuperación del imperio de la ley' que busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad percibida. Al calificar la política anterior como una 'falsa paz', De la Espriella construye una legitimidad política basada en la mano dura, diferenciándose radicalmente de la administración saliente y consolidando una base de apoyo que exige resultados inmediatos en materia de orden público. En este escenario, el gobierno entrante gana al posicionarse como una autoridad que retoma el control, mientras que el gobierno saliente pierde su principal bandera política, la cual queda estigmatizada como un fracaso institucional. La construcción de esta narrativa permite al nuevo mandatario justificar la revisión de compromisos estatales previos, trasladando la responsabilidad de la violencia a la gestión anterior y estableciendo un nuevo marco de relación con los grupos armados donde el sometimiento es la única opción viable.