La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Fuerza Aérea, abatió a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una operación en el corregimiento de Guachaca, Santa Marta. El despliegue, que contó con inteligencia previa de tres meses, resultó en la muerte de siete integrantes de la estructura criminal, la captura de tres sujetos y la incautación de un arsenal que incluía un fusil de alta precisión Barrett calibre .50. Alias Cholo era señalado como el principal articulador financiero y de narcotráfico del grupo hacia Centroamérica. El operativo provocó una reacción violenta de la organización criminal, que intentó imponer un paro armado en el departamento del Magdalena mediante bloqueos en la Troncal del Caribe y la incineración de buses de transporte público. La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, informó que la movilidad fue restablecida rápidamente tras la intervención de las autoridades. Académicos y líderes locales alertaron sobre el impacto en la seguridad ciudadana, reportando cierres comerciales y denuncias de reclutamiento forzado en la zona urbana de Santa Marta. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que alias Pinocho, máximo jefe de las ACSN, habría resultado herido durante el enfrentamiento y logró huir con parte de su escolta. El mandatario calificó el resultado como un golpe demoledor y anunció que no habrá espacios de interlocución con estructuras criminales bajo las condiciones previas, señalando que alias Cholo había sido designado gestor de paz en el gobierno anterior. Las autoridades mantienen la búsqueda de los cabecillas restantes, declarando a alias Pinocho, alias Patiliso y alias 200 como objetivos prioritarios del Estado.

Análisis político

La estrategia gubernamental se centra en una política de seguridad de confrontación directa y militarización, rompiendo explícitamente con los mecanismos de diálogo previos al calificar a los cabecillas como objetivos militares. El uso de un lenguaje confrontativo por parte del Ejecutivo, que personaliza la persecución contra alias Pinocho, busca consolidar una narrativa de autoridad y firmeza frente a la criminalidad organizada, distanciándose de la gestión anterior. El Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen orden y seguridad, mientras que las ACSN pierden capacidad operativa y financiera tras la baja de sus mandos medios y financieros. La narrativa oficial construye al Estado como un actor que recupera el control territorial, mientras que los grupos armados intentan contrarrestar esta imagen mediante acciones de terror urbano, buscando demostrar que aún conservan capacidad de intimidación a pesar de las bajas sufridas.