La muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ocurrió durante una operación de alta precisión en el corregimiento de Guachaca, Santa Marta. El operativo, ejecutado por comandos Jungla de la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea, resultó en la baja de siete integrantes de la estructura criminal y la captura de otros tres. Las autoridades confirmaron que el despliegue incluyó el uso de aviones Super Tucano y labores de inteligencia previas de tres meses para desarticular la cúpula del grupo. Como represalia, la organización criminal impuso un paro armado que afectó la movilidad en la Troncal del Caribe, provocando la quema de buses de transporte público y el cierre forzado de comercios. La ciudadanía reportó zozobra, suspensión de clases y calles semivacías ante el temor de nuevas retaliaciones. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, aseguró que se restableció la movilidad tras la intervención inmediata de las autoridades en los puntos críticos. El presidente Abelardo De la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta y el refuerzo de tropas en La Guajira para recuperar el control territorial. El mandatario calificó la operación como un golpe demoledor y advirtió que los criminales que no se sometan a la justicia enfrentarán la contundencia del Estado. Mientras tanto, las Fuerzas Militares mantienen sobrevuelos con aviones Kfir y despliegues terrestres para localizar a alias Pinocho, máximo jefe de la estructura, quien habría resultado herido durante el combate.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la confrontación directa y la militarización como respuesta a la criminalidad, abandonando los espacios de diálogo previos con las estructuras armadas. Esta postura busca proyectar una imagen de autoridad y firmeza, utilizando la baja de cabecillas como un activo político para legitimar su política de seguridad ante la opinión pública. El evento evidencia una disputa por la gobernanza territorial donde el grupo armado intenta demostrar vigencia mediante el miedo, mientras el Estado busca recuperar el control mediante la fuerza. Gana el Gobierno en términos de resultados operativos inmediatos, pero pierde la población civil, que queda atrapada en la dinámica de retaliación y control territorial, demostrando que la estructura criminal mantiene capacidad de intimidación pese a la pérdida de sus mandos.