Tres personas señaladas de participar en la muerte y desaparición de Yulixa Toloza fueron capturadas en Venezuela tras huir de Colombia. Las autoridades colombianas han iniciado los trámites de extradición, solicitando la cooperación de las autoridades venezolanas. Sin embargo, la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos, lo que representa un obstáculo legal significativo para el proceso. La Fiscalía colombiana se encuentra optimista y a la espera de una respuesta favorable, mientras recopila el dossier judicial requerido. Expertos en derecho internacional y juristas advierten que, debido a la prohibición constitucional venezolana, es probable que los capturados enfrenten un proceso judicial en su propio país. El Código Penal venezolano establece que sus ciudadanos deben ser juzgados localmente por delitos cometidos en el exterior. A pesar de esto, se señala que el caso no necesariamente quedará impune, ya que la legislación venezolana permite juzgar a sus nacionales por crímenes cometidos fuera de su territorio, siempre que existan pruebas y una solicitud formal. La familia de la víctima y su abogado han expresado preocupación, alertando que algunos delitos investigados en Colombia, como la desaparición forzada cometida por particulares, no tienen una figura equivalente en la legislación venezolana. Esto, sumado a que los imputados en Venezuela fueron procesados inicialmente por resistencia a la autoridad, figura que no contempla penas de cárcel en ese país, podría complicar el desarrollo del proceso y aumentar el riesgo de impunidad. Se estima un plazo de 90 días para definir la situación judicial de los detenidos.

Análisis político

Se observa una estrategia de cooperación judicial internacional por parte de las autoridades colombianas, buscando aplicar los acuerdos de extradición vigentes. La narrativa oficial se centra en la expectativa de solidaridad y cooperación por parte de Venezuela para garantizar que los responsables respondan ante la justicia. Por otro lado, la defensa de los implicados y la propia legislación venezolana construyen una narrativa de protección a sus nacionales, argumentando que deben ser juzgados en su territorio. El principal ganador en este escenario es el Estado venezolano, que ejerce su soberanía al aplicar su Constitución y Código Penal. Colombia, por su parte, enfrenta la pérdida de control sobre el proceso judicial de sus ciudadanos, dependiendo de la voluntad y capacidad de respuesta del sistema judicial venezolano.