El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la condena de 24 años de prisión contra Jaime Saade Cormane por el feminicidio de Nancy Mestre, ocurrido en 1994. La decisión niega la prescripción de la pena, asegurando que Saade deberá cumplir la totalidad de su sentencia. El abogado de la familia Mestre, Raúl Romero Del Río, destacó que esta resolución cierra un ciclo de lucha judicial y envía un mensaje contundente contra la evasión de la justicia. El caso, uno de los más recordados en Barranquilla, involucra la violación y asesinato de Mestre cuando tenía 18 años. Saade huyó del país y estuvo prófugo hasta su captura en Brasil en 2020, tras casi tres décadas. La defensa de Saade intentó en varias ocasiones que el caso fuera archivado por prescripción, pero la justicia ha sido reiterativa en mantener vigente la condena. La sentencia reafirma la imposibilidad de que delitos graves queden impunes por el paso del tiempo, estableciendo un precedente. Aunque hubo condicionamientos en el tratado de extradición con Brasil respecto al delito de acceso carnal violento, la pena principal por homicidio y feminicidio se mantiene firme. Saade Cormane se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa en Valledupar.

Análisis político

La confirmación de la condena y la negación de la prescripción en el caso de Jaime Saade Cormane evidencian una estrategia judicial que busca cerrar ciclos de impunidad y reafirmar la vigencia de la justicia ante crímenes graves. La persistencia de la familia Mestre, liderada por el padre de la víctima, Martín Mestre, y el rol activo de su abogado, Raúl Romero Del Río, fueron cruciales para mantener la presión y asegurar que la condena se cumpliera. La narrativa construida por la familia y su representación legal se centra en la perseverancia, la búsqueda incansable de justicia y el mensaje de que los agresores no pueden evadir la ley sin importar cuánto tiempo pase o dónde se oculten. Desde la perspectiva de la defensa de Saade, la estrategia se basó en argumentar la prescripción de la pena, buscando beneficios por el paso del tiempo y las complejidades de la extradición. Sin embargo, esta estrategia ha sido desestimada en múltiples instancias judiciales, lo que representa una derrota para sus intentos de eludir la condena. Quien gana con esta decisión es la familia de la víctima y el sistema judicial que logra reafirmar su autoridad. Por otro lado, el condenado y su defensa pierden al no lograr la impunidad que buscaban. La narrativa institucional se fortalece al demostrar que los delitos graves, como el feminicidio, no prescriben y que la justicia, aunque pueda tardar, prevalece.