La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios logró un acuerdo con la empresa Promotora de Gases del Sur (Progasur) para la devolución de más de $8.700 millones a usuarios del servicio de gas natural. Este monto corresponde a cobros superiores a la tarifa reglamentada que Progasur efectuó entre julio de 2023 y mayo de 2026. El acuerdo, denominado Programa de Gestión Acordado, busca corregir estas tarifas y proteger los derechos de los consumidores. La medida beneficiará a más de 2.6 millones de usuarios en once departamentos del país, incluyendo Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca. Progasur aplicará de manera inmediata una tasa de descuento regulada del 10,94% para corregir los cobros indebidos. Las devoluciones se realizarán automáticamente a través de la factura del servicio, iniciando en junio de 2026 y finalizando el 31 de diciembre del mismo año. La Superintendencia vigilará que las empresas distribuidoras trasladen efectivamente los recursos a los usuarios. Este tipo de acuerdos permite a las empresas mejorar la prestación del servicio sin enfrentar procesos sancionatorios, garantizando condiciones de equidad y eficiencia. La entidad también adelanta investigaciones contra otras seis empresas transportadoras de gas por traslados ineficientes de costos.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, utilizando mecanismos de acuerdo para resolver cobros excesivos sin recurrir a sanciones inmediatas. Esto permite a la entidad mostrar resultados en protección al consumidor y, al mismo tiempo, incentivar a las empresas a corregir sus prácticas. La empresa Progasur, al reconocer el error y acordar la devolución, evita un proceso sancionatorio más complejo y costoso, manteniendo su operación. La narrativa construida por la Superintendencia se enfoca en la protección de los derechos de los usuarios y la garantía de un servicio equitativo y eficiente. Por su parte, Progasur se beneficia al resolver la situación de manera concertada. Los usuarios son los principales ganadores al recibir la devolución de dineros cobrados indebidamente. La entidad reguladora se posiciona como un actor efectivo en la defensa del consumidor de servicios públicos.