La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas a la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos) y a dos personas vinculadas por vulnerar la libre competencia. La sanción, que asciende a más de $331 millones en total, se debe a la modificación del reglamento interno de Corabastos en 2022 para restringir el ingreso de nuevos comerciantes. Esta acción creó barreras artificiales que limitaron la participación de nuevos agentes y excluyeron presiones competitivas. La SIC determinó que estas prácticas anticompetitivas afectaron el derecho de los consumidores a elegir libremente entre diversas opciones de productos agroalimentarios y limitaron la diversidad de demandantes para los proveedores. Corabastos, al ser el principal mercado mayorista del país y canalizar más del 30% del abastecimiento nacional, juega un rol estratégico en la seguridad alimentaria y la formación de precios de referencia. Además de las multas económicas, la Superintendencia ordenó a Corabastos ajustar su normativa interna para eliminar los elementos anticompetitivos identificados y garantizar un acceso equitativo a su infraestructura. La decisión aún no es definitiva y está sujeta a recurso de reposición por parte de los sancionados.

Análisis político

La estrategia de Corabastos consistió en modificar su reglamento interno para crear barreras artificiales que impidieran la entrada de nuevos comerciantes, buscando proteger a los actores ya establecidos de la competencia y la potencial reducción de precios. Esta acción, sin embargo, fue interpretada por la SIC como una práctica anticompetitiva que vulnera la libre elección de los consumidores y la dinámica del mercado. La SIC emerge como el principal actor ganador al ejercer su rol de vigilancia y protección de la competencia, reafirmando su autoridad. Corabastos y los directivos sancionados pierden al enfrentar multas y la obligación de modificar sus prácticas. La narrativa de la SIC se centra en la protección del consumidor y la libre competencia, mientras que la de Corabastos, implícitamente, se basaba en la estabilidad y protección de sus comerciantes actuales frente a la competencia externa.