La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de $1.306 millones a Constructora Bolívar por vulnerar los derechos de consumidores del proyecto de vivienda Buenavista Living en Bogotá. La decisión se basó en una inspección y el análisis de cerca de 30 quejas, evidenciando incumplimientos en las fechas de entrega y publicidad confusa. La constructora modificó el cronograma de entrega de los apartamentos en al menos tres ocasiones, afectando las expectativas de los compradores y alterando la fecha de escrituración, lo cual impacta el precio final de las viviendas de interés social (VIS). Adicionalmente, la SIC encontró que la publicidad del proyecto contenía información insuficiente y confusa, sin aclarar que se trataba de VIS. Constructora Bolívar reiteró su compromiso con los compradores, señalando que el 66% de las unidades ya han sido entregadas y el avance de obra es del 90%. La empresa explicó que las reprogramaciones se debieron a recomendaciones técnicas y que se acatarán las órdenes de la SIC, ofreciendo disculpas a los afectados.

Análisis político

La sanción de la SIC a Constructora Bolívar evidencia la estrategia de la entidad por fortalecer la protección al consumidor en el sector de la vivienda, buscando garantizar información clara para decisiones de compra. Por un lado, la constructora busca mitigar el impacto de la multa y la percepción negativa, destacando el avance del proyecto y su compromiso con los compradores, mientras que la SIC se posiciona como un ente garante de los derechos ciudadanos. La constructora podría verse afectada en su reputación y futuras ventas, mientras que los compradores afectados, aunque con retrasos, ven una validación de sus quejas. La narrativa de la constructora se centra en explicaciones técnicas y comunicación proactiva, mientras que la SIC enfatiza la protección de los derechos y la transparencia informativa, especialmente en el segmento de vivienda de interés social.