Siete de los trece aspirantes a la Presidencia de la República formalizaron un acuerdo con el Sistema de Medios Públicos (RTVC) para la realización de tres debates televisados antes de la primera vuelta electoral. La iniciativa, amparada en el artículo 23 de la Ley 996 de 2005, busca garantizar espacios de participación y contraste de propuestas para los ciudadanos. Los debates se llevarán a cabo los miércoles 6, 13 y 20 de mayo, cada uno con una duración máxima de dos horas y en horario estelar. Los temas a tratar serán justicia, asuntos sociales y economía, respectivamente. La reunión para definir las condiciones se realizó el 30 de abril, tras una solicitud formal enviada previamente por los candidatos. La decisión de realizar estos debates responde a la necesidad de que los colombianos puedan tomar decisiones informadas en las urnas. La ausencia de estos espacios había generado polémica y críticas por parte de algunos aspirantes que se sentían excluidos de la discusión pública.

Análisis político

La estrategia de siete candidatos de unirse para exigir y acordar debates televisados busca contrarrestar la exclusión y la falta de visibilidad que perciben frente a otros aspirantes que han tenido mayor protagonismo mediático. Al invocar la Ley de Garantías Electorales, buscan legitimar su petición y presionar a la entidad pública para cumplir con un mandato legal, construyendo una narrativa de defensa del derecho ciudadano a la información. Quienes impulsan la solicitud ganan visibilidad y se posicionan como defensores de la transparencia democrática, mientras que aquellos que no participan o imponen condiciones complejas podrían ser percibidos como evasivos o con algo que ocultar. Las diferencias en los enfoques se manifiestan en las condiciones planteadas por algunos candidatos, como Iván Cepeda, frente a la solicitud general de otros por un debate más amplio e incluyente.