La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha recibido 87 solicitudes de terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales donde operan las marcas Lili Pink y Yoi, pertenecientes a Fast Moda S.A.S. Estas peticiones provienen de empresarios y operadores de centros comerciales, quienes buscan desvincularse de la compañía tras el inicio de un proceso de extinción de dominio. La SAE ha registrado también 23 requerimientos adicionales solicitando aclaraciones sobre dicho proceso judicial. La entidad gubernamental expresó su preocupación ante estas solicitudes, advirtiendo sobre las graves consecuencias que acarrearía el cierre de los establecimientos. Una terminación masiva de contratos de arrendamiento podría afectar directamente a aproximadamente 260 trabajadores, en su mayoría mujeres cabeza de hogar y madres de familia. A esta presión se suma la suspensión de contratos por parte de varios proveedores de bienes y servicios. Fast Moda S.A.S. se encuentra bajo la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), a través de la SAE. Se ha designado un administrador para evaluar la situación financiera, contable, contractual, laboral y productiva de la empresa, buscando garantizar la continuidad de la operación. Se han instalado mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo para salvaguardar el empleo.

Análisis político

Se observa una estrategia por parte de arrendadores y operadores comerciales de presionar por la terminación de contratos, aprovechando el proceso judicial contra Fast Moda S.A.S. para desvincularse de la empresa. Por otro lado, la SAE y el Gobierno buscan mitigar el impacto social y laboral, utilizando la administración estatal y mesas de trabajo para mantener la operación y proteger a los empleados. La narrativa oficial se enfoca en la sensibilidad social y la protección del empleo, mientras que la de los arrendadores se centra en la desvinculación contractual ante el riesgo jurídico. La SAE y el Ministerio del Trabajo parecen ser los actores que buscan ganar estabilidad y evitar una crisis social, al proteger a los trabajadores. Los arrendadores y proveedores, al presionar por la terminación de contratos, buscan minimizar sus propios riesgos financieros y legales. La narrativa construida por la SAE apela a la responsabilidad social y la prudencia, mientras que la acción de los arrendadores se presenta como una respuesta a la incertidumbre generada por el proceso judicial.