Se ha divulgado un video que muestra al entonces precandidato presidencial Gustavo Petro abordando una avioneta en Cali con destino a Buenaventura el 12 de noviembre de 2021. Petro ha declarado previamente que Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', señalado como el 'zar del contrabando', intentó infiltrar su campaña y que el viaje en esta aeronave fue una "trampa" tendida por él. La aeronave, identificada con matrícula HK-4360, pertenece a Medical Group y fue financiada por Marín Buitrago, según revelaciones posteriores. La relevancia de este hecho radica en las implicaciones sobre la financiación de campañas y los posibles nexos entre figuras del crimen y la política. Petro ha explicado que, ante la dificultad de su desplazamiento por lluvia, una persona le ayudó a conseguir una avioneta, la cual resultó ser la de 'Papá Pitufo'. Aseguró que uno de sus acompañantes tomó fotos para intentar extorsionarlo, pero que él no se dejaría chantajear. Las revelaciones incluyen la confirmación de una reunión entre Petro y Gonzalo Boye, abogado de Marín, quien buscaba el sometimiento a la justicia de su cliente. Estas informaciones han generado debate político, con figuras como la senadora María Fernanda Cabal cuestionando los presuntos nexos. La defensa de Petro señala que se buscaba la entrega de Marín a la justicia colombiana y que este temía por su vida.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa por parte del presidente Gustavo Petro, quien busca desvincularse de cualquier conocimiento previo sobre la procedencia del financiamiento de la avioneta y califica el hecho como una "trampa" y un intento de extorsión. Por otro lado, la oposición, representada por la senadora María Fernanda Cabal, utiliza estas revelaciones para construir una narrativa de presuntos nexos indebidos y cuestionar la integridad de la campaña y del mandatario. La divulgación del video y los testimonios de exmilitantes de campaña buscan exponer presuntas fallas en los filtros de seguridad y la posible infiltración de dineros ilícitos. El presidente Petro y su entorno político parecen ser los más afectados por la divulgación de estas informaciones, al reavivar debates sobre la financiación de su campaña y posibles vínculos con actividades ilícitas. Quienes critican al gobierno, como la senadora Cabal, ganan capital político al poder señalar supuestas irregularidades. Las narrativas se contraponen: Petro argumenta haber sido víctima de una trampa y un intento de chantaje, mientras que sus detractores lo presentan como alguien que utilizó recursos provenientes del contrabando, burlando los controles.