Una investigación periodística ha revelado el acelerado incremento patrimonial de Vanessa Cortés, una mujer de 33 años que fue vista públicamente con el presidente Gustavo Petro en Panamá en junio de 2024. Antes de agosto de 2022, Cortés no registraba empresas ni propiedades a su nombre y sus ingresos mensuales no superaban los tres millones de pesos. Sin embargo, un mes después de la posesión presidencial, fundó Kayros Advice SAS, una empresa dedicada a asesorías empresariales e inversiones, que ha mostrado un crecimiento significativo en activos y ha adquirido bienes de alto valor. La investigación detalla que Cortés pasó de trabajos temporales y contratos públicos de bajo perfil a liderar una empresa con activos millonarios. Se han identificado conexiones empresariales que vinculan a su compañía con personas cercanas al círculo del presidente, incluyendo al viceministro del Interior y a la esposa de un ministro. Además, se señala una posible relación con Euclides Torres, un contratista que financió la campaña presidencial de Petro. Vanessa Cortés ha negado conocer a Euclides Torres y ha justificado su patrimonio a través de asesorías administrativas y financieras, aunque no ha presentado pruebas públicas de su actividad. La Presidencia ha rechazado responder a algunas preguntas de la investigación, calificándolas de "irrespetuosas". El caso ha generado debate sobre la transparencia y el origen de los recursos de personas cercanas al mandatario.

Análisis político

Se observa una estrategia de construcción de narrativas contrapuestas. Por un lado, la investigación periodística busca exponer un presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, vinculando el crecimiento patrimonial de Vanessa Cortés con la cercanía al poder presidencial y a figuras clave del gobierno y de la financiación de campañas. Esta narrativa busca generar cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en la administración. Por otro lado, las respuestas de los implicados, incluyendo la negación de vínculos y la justificación de los ingresos a través de actividades empresariales legítimas, junto con la postura de la Presidencia de calificar las preguntas como "irrespetuosas", buscan desviar la atención y desacreditar las revelaciones. La estrategia política consiste en minimizar el impacto de la investigación, presentándola como un ataque o una persecución, y apelando a la falta de pruebas contundentes para vincular directamente al presidente con irregularidades. Quienes ganan con esta situación son los sectores que buscan debilitar al gobierno y generar desconfianza, mientras que el gobierno y las personas señaladas pierden credibilidad y enfrentan un escrutinio público intenso.