La Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido una alerta sobre la circulación de noticias falsas y correos electrónicos fraudulentos dirigidos a los ciudadanos. Estos mensajes engañosos buscan suplantar la identidad de la entidad e informan sobre supuestos cambios en los puestos de votación para la segunda vuelta presidencial. La Registraduría ha enfatizado que el plazo para la inscripción de cédulas y la modificación de puestos de votación finalizó el 31 de marzo de 2026, por lo que los electores deberán votar en el lugar asignado para la primera vuelta. La entidad ha instado a la ciudadanía a hacer caso omiso de estos mensajes, abstenerse de abrir enlaces sospechosos y verificar la información únicamente a través de los canales oficiales como la aplicación 'a Votar', el chatbot institucional y la página web de la Registraduría. Se han reportado casos de correos y mensajes de WhatsApp que, bajo el asunto "Cambio de puesto votación segunda vuelta presidencial", intentan inducir a error a los votantes. Las autoridades investigan estas acciones como posibles fraudes al sufragante. La Registraduría ha reiterado que las comunicaciones oficiales provienen de dominios institucionales y que no se están realizando modificaciones masivas de puestos de votación. Aunque pueden existir cambios excepcionales por razones logísticas o de seguridad, estos serían comunicados exclusivamente por canales oficiales. La entidad busca así garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral, previniendo estafas y desinformación en un contexto de alta agitación política.

Análisis político

Se observa una estrategia de la Registraduría por mantener la confianza en el proceso electoral ante la proliferación de desinformación. La entidad busca consolidar su rol como fuente oficial y única de información veraz, contrarrestando intentos de manipulación que podrían afectar la participación ciudadana o generar confusión. La comunicación se enfoca en la prevención y en educar al elector sobre los canales seguros de consulta, buscando mitigar el impacto de posibles fraudes o estafas dirigidos a influir en la jornada electoral. La Registraduría, como ente rector, se posiciona como garante de la transparencia, mientras que los actores que difunden información falsa o intentan suplantarla pierden credibilidad y se exponen a investigaciones. La narrativa oficial se centra en la seguridad y la veracidad de la información, contrastando con las narrativas de quienes buscan generar caos o desconfianza. La estrategia busca proteger al ciudadano y asegurar la normalidad del proceso, fortaleciendo la institucionalidad frente a posibles ataques informáticos o campañas de desprestigio.