El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral, específicamente en relación con el software de preconteo y la existencia de un "doble censo". Penagos desmintió categóricamente la posibilidad de que se hayan agregado cédulas de ciudadanía al censo electoral, explicando que este se cerró el 30 de abril y se distribuyó físicamente en cada una de las 122.000 mesas de votación. El funcionario enfatizó que los procedimientos de identificación en mesa, como la firma y huella, impiden la inclusión de votantes fuera del censo oficial. La controversia también incluyó señalamientos sobre la supuesta eliminación de mecanismos de seguridad como el "candado hash" y la estampilla de tiempo, denunciados inicialmente por una senadora y retomados por el mandatario. La Registraduría aclaró que estos mecanismos, si bien se refieren a la digitalización y publicación de actas, siguen vigentes y garantizan la trazabilidad e integridad de la información. Se explicó que el código hash está inmerso en el nombre del archivo descargado y que cada mesa cuenta con códigos QR y de barras verificables. Adicionalmente, se abordaron denuncias sobre el manejo del material electoral en Chinú, Córdoba. El registrador aseguró que el material llegó en perfectas condiciones, bajo custodia de la Fuerza Pública y cumpliendo protocolos de seguridad, desmintiendo la desinformación y señalando que solo hubo una congestión vehicular menor. La entidad instó al presidente Petro a no incurrir en afirmaciones que generen dudas sobre la transparencia del proceso democrático.

Análisis político

Se observa una estrategia del presidente Gustavo Petro de cuestionar la legitimidad del proceso electoral y sus resultados, buscando generar incertidumbre y movilizar a su base política ante posibles adversidades. Paralelamente, la Registraduría Nacional adopta una postura defensiva y de aclaración técnica, buscando salvaguardar la credibilidad de la institución y del certamen democrático. La narrativa oficialista se enfoca en la desconfianza hacia los algoritmos y sistemas, mientras que la entidad electoral defiende la seguridad y transparencia de sus procedimientos, apelando a la verificación física y a los protocolos establecidos. Con este evento, el presidente Petro busca posicionarse como un defensor de la democracia frente a presuntas irregularidades, mientras que la Registraduría, al desmentirlo, se consolida como garante de la transparencia, aunque también se expone a ser percibida como un actor político en disputa. Los ganadores inmediatos son aquellos que buscan mantener la confianza en el sistema electoral, mientras que los perdedores son quienes promueven la desinformación o la duda sin fundamento. Las narrativas contrapuestas se centran en la seguridad tecnológica versus la vigilancia ciudadana y la integridad de los datos.