El registrador nacional, Hernán Penagos, desmintió las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades y fraude en las elecciones presidenciales. Penagos afirmó que el censo electoral, el número de mesas y los sistemas informáticos fueron definidos y divulgados con antelación, y que no se realizaron modificaciones al software electoral el 26 de mayo. La Registraduría verificó las mesas señaladas por el Gobierno y encontró que la mayoría tuvo votaciones bajas, lo cual es normal. Penagos destacó la labor de los jurados de votación y aseguró que la difusión de información falsa golpea a la Nación, haciendo un llamado a respetar los resultados y acudir a los canales jurídicos. Señaló que las autoridades competentes ya decidieron y entregaron los resultados acreditados, y que aceptar las reglas de la democracia es un costo que parece haberse perdido. La entidad también aclaró que el censo electoral cerró el 30 de abril, y que la información fue entregada a las campañas políticas. La Registraduría convocó a partidos políticos, organismos de control y observadores internacionales para revisar la información y evidenciar las garantías del proceso. Se enfatizó que las reclamaciones presentadas fueron mínimas, representando solo el 0,6% de las mesas instaladas, y que formularios E-14 circulados en redes sociales no corresponden a los auténticos, siendo alterados con inteligencia artificial. Se instó a no distorsionar la información para no generar riesgos a la democracia.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa institucional por parte de la Registraduría Nacional, liderada por Hernán Penagos, ante las acusaciones de fraude electoral formuladas por el presidente Gustavo Petro. La Registraduría busca legitimar el proceso electoral y sus resultados mediante la presentación de datos técnicos, la verificación de mesas de votación y la invitación a actores políticos y organismos de control para constatar la transparencia. La narrativa oficial se centra en la rigurosidad del proceso, la inexistencia de modificaciones al software y censo, y la mínima cantidad de reclamaciones, contrastando con la narrativa presidencial que sugiere irregularidades. El registrador Hernán Penagos y la Registraduría Nacional se posicionan como defensores de la democracia y la institucionalidad, ganando credibilidad ante sectores que apoyan el proceso electoral y los resultados. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, al cuestionar los resultados y sugerir fraude, busca movilizar a su base electoral y mantener la presión política, aunque corre el riesgo de erosionar la confianza en las instituciones democráticas si sus argumentos no son respaldados por pruebas contundentes. Las campañas políticas y los observadores internacionales se encuentran en una posición de evaluar las evidencias presentadas por ambas partes.