El registrador nacional, Hernán Penagos, descartó el traslado de puestos de votación para las próximas elecciones presidenciales, a pesar de las peticiones de algunos partidos políticos por falta de garantías en zonas de riesgo. Penagos aseguró que se reforzará la presencia de la fuerza pública en regiones como el Catatumbo, Putumayo y Chocó para garantizar que la ciudadanía pueda votar libremente. La decisión se toma ante preocupaciones por la seguridad y la desinformación que podrían afectar el proceso electoral. La Registraduría Nacional, junto con la Corte Suprema, ha expresado inquietud por una supuesta campaña de desinformación que busca descalificar la autoridad electoral. Se advierte que esta narrativa de fraude, que podría provenir incluso del gobierno, es injusta dado que el actual presidente llegó al poder con el mismo sistema. Se enfatiza que las auditorías de software han demostrado la transparencia y preparación del proceso electoral, desestimando la tesis de un posible fraude. Las principales preocupaciones de la Registraduría giran en torno a la seguridad en al menos 104 municipios con alto riesgo por presencia de grupos armados, y la desinformación que ha generado hechos trágicos en el pasado. Se busca asegurar las zonas, garantizar el traslado del material electoral y la libre participación ciudadana, mientras se combate la propagación de noticias falsas que instrumentalizan a las personas y generan enfrentamientos.

Análisis político

Se observa una estrategia de la Registraduría por mantener la legitimidad del proceso electoral, contrarrestando las denuncias de falta de garantías y la narrativa de fraude. El registrador busca proyectar confianza en las instituciones y en la seguridad del voto, a pesar de los riesgos evidentes en ciertas regiones. La coordinación con el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y la cúpula militar es clave para desplegar la fuerza pública y asegurar las zonas de riesgo. La Registraduría y la Corte Suprema parecen ser los actores que buscan preservar la institucionalidad electoral, mientras que partidos políticos como Cambio Radical y voces desde el gobierno son señalados de impulsar narrativas que deslegitiman el proceso. El partido Cambio Radical busca trasladar puestos de votación, argumentando falta de garantías y presiones de grupos armados, lo cual es rechazado por la Registraduría. El gobierno, por su parte, es acusado de generar una "narrativa oficial" de descalificación electoral.