Integrantes de la Minga indígena bloquearon peajes en la concesión Autopistas del Café, en Caldas, interrumpiendo el recaudo y permitiendo el paso libre de vehículos. Las manifestaciones, que incluyeron el levantamiento de talanqueras, se presentaron en puntos como San Bernardo del Viento, Tarapacá y Las Pavas, y se extendieron a la vía entre Manizales y Medellín. La jornada estuvo ligada a protestas impulsadas por un representante a la Cámara que cuestiona la presencia de peajes en la región, argumentando que estos "encierran" al departamento y que el Grupo Empresarial Antioqueño y Odinsa buscan extender su beneficio económico. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) respondió a los bloqueos convocando mesas de trabajo con líderes comunitarios y representantes del Ministerio del Interior para dialogar sobre la operación de los peajes. Una comisión de la ANI se desplazará al territorio para analizar y establecer lineamientos, buscando concertar decisiones con las comunidades. Paralelamente, el presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta de que la concesión no continúe tras el vencimiento del contrato en 2027, planteando la opción de que el Estado compre lo restante o asuma los costos de los peajes hasta esa fecha. Las protestas generaron rechazo en sectores sociales y gremios de transporte, preocupados por las afectaciones a la movilidad y por verse involucrados en escenarios políticos preelectorales. El presidente Petro vinculó estos hechos a su política de promover la construcción de carreteras por obra pública en lugar de concesiones privadas, buscando la eliminación gradual de peajes en el país. La ministra de Transporte anunció mesas técnicas para abordar la situación, mientras que congresistas locales celebraron avances en la negociación para levantar peajes.

Análisis político

Se observa una estrategia de movilización social por parte de la Minga indígena y sectores afines, apoyada por un congresista que articula el descontento ciudadano con argumentos sobre la equidad y el desarrollo regional. Esta acción busca presionar a las autoridades y a la concesionaria para modificar las condiciones del contrato de peajes. Por otro lado, el gobierno nacional, a través del presidente Petro, capitaliza el descontento para impulsar su modelo de infraestructura pública y proponer el fin de la concesión, alineándose con las demandas de los manifestantes y reforzando su narrativa de oposición a las concesiones privadas. El presidente Petro y su gobierno se posicionan como los principales beneficiados al responder favorablemente a las demandas ciudadanas y al promover su modelo de gestión de infraestructura, lo que fortalece su imagen ante sectores que rechazan los peajes. Los perdedores serían la concesionaria y posiblemente el modelo de APP, que enfrenta cuestionamientos y la posibilidad de no renovación. Las narrativas se dividen entre quienes defienden la continuidad y operación de la concesión bajo los términos actuales o futuros, y quienes, impulsados por el gobierno y líderes locales, abogan por la reversión al Estado y la eliminación de los peajes, argumentando un enriquecimiento injusto a costa de la región.