Comunidades del Eje Cafetero realizaron plantones y manifestaciones en los peajes de la Autopista del Café, exigiendo el cese del cobro y en algunos casos vandalizando las instalaciones. El presidente Gustavo Petro reaccionó a estas protestas reiterando su propuesta de que la concesión de la vía no continúe tras el vencimiento del contrato en 2027. Planteó dos opciones: que el Estado compre lo que resta de la concesión o asuma el costo de los peajes hasta que expire el contrato, lo que resultaría en el fin de los cobros. Esta postura del mandatario no es nueva, ya que previamente había expresado su preferencia por la construcción de carreteras mediante obra pública en lugar de concesiones privadas. La propuesta busca un cambio en el modelo de infraestructura vial del país, que ha estado dominado por concesiones privadas durante las últimas décadas. El objetivo es que los peajes desaparezcan paulatinamente en Colombia. Tras las manifestaciones y la propuesta presidencial, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció tarifas diferenciales en cuatro peajes para las comunidades del área de influencia, beneficiando a residentes de municipios específicos. Los vehículos de categoría I pasarán de pagar $17.800 a $700, con reducciones proporcionales para otras categorías, requiriendo certificación de residencia y registro del vehículo.

Análisis político

Se observa la estrategia del gobierno de responder a la presión social y a las manifestaciones populares con una propuesta de cambio de modelo de infraestructura, alineándose con su discurso de priorizar la obra pública sobre las concesiones privadas. El presidente capitaliza el descontento ciudadano para impulsar su agenda de política de infraestructura y cuestionar el modelo de peajes, presentándolo como un negocio financiero no racional. La oposición, representada por congresistas que critican al "Grupo Empresarial Antioqueño y Odinsa", ve en esta situación una oportunidad para cuestionar la forma en que se han manejado las concesiones viales y los beneficios económicos derivados de ellas. El presidente Petro y su gobierno se posicionan como defensores de las comunidades frente a los cobros de peajes, ganando capital político y legitimidad ante los manifestantes y sectores que apoyan el fin de las concesiones. Por otro lado, las empresas concesionarias y quienes se benefician del modelo actual pierden influencia y enfrentan un escenario de mayor escrutinio y posible reconfiguración de sus operaciones. Las comunidades locales y los transportadores de la región son los principales beneficiados directos de las tarifas diferenciales y la potencial eliminación de peajes, mientras que la narrativa oficial se centra en un "cambio" hacia un modelo de infraestructura más estatal y menos dependiente de negocios financieros.