La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, se encuentra en el centro de una polémica tras aparecer en una entrevista concedida a un medio de televisión local promoviendo la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Velásquez afirmó que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, pero que existe un "candidato magnífico" en Iván Cepeda, sugiriendo su continuidad política. Estas declaraciones generaron controversia por una posible participación en política de la diplomática, práctica prohibida por la ley colombiana. Tras la polémica, el propio candidato Iván Cepeda solicitó una investigación disciplinaria contra la funcionaria, manifestando su desacuerdo con la intervención en política de servidores públicos en general y de su campaña en particular. Cepeda recordó su posición de que ningún servidor público debe participar en proselitismo político, y que corresponde a las autoridades competentes investigar si se han incurrido en estas conductas. El caso reaviva el debate sobre las restricciones que tienen los funcionarios públicos en Colombia frente a los procesos electorales. La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios utilizar su cargo, influencia o recursos del Estado para favorecer campañas. De comprobarse una infracción, la Procuraduría podría iniciar un proceso disciplinario con sanciones como suspensión o inhabilidad. Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido un pronunciamiento oficial, y la Procuraduría tampoco se ha pronunciado sobre el suceso, aunque varios sectores han solicitado que se investigue la presunta participación en política de integrantes del Gobierno.

Análisis político

Se observa la estrategia de Iván Cepeda de desmarcarse públicamente de cualquier acto de proselitismo político por parte de funcionarios públicos, incluso cuando estos lo apoyan. Al solicitar una investigación disciplinaria, busca proyectar una imagen de respeto a las normas y de autonomía frente a la "maquinaria estatal", diferenciándose de acusaciones previas sobre el uso de recursos públicos en su campaña. Por otro lado, la embajadora, al hacer estas declaraciones, podría estar intentando asegurar la continuidad de las políticas del actual gobierno, alineándose con la narrativa de "cambio" y "continuidad" que busca el Pacto Histórico. Iván Cepeda, al pedir la investigación, busca neutralizar una posible crítica y fortalecer su discurso de independencia, mientras que la embajadora, si bien podría haber buscado apoyar a su candidato, se expone a sanciones disciplinarias. Otros actores políticos, como Paloma Valencia y Claudia López, utilizan este evento para cuestionar la intervención del gobierno en política y la presunta utilización de recursos públicos en favor de Cepeda, construyendo una narrativa de "clientelismo" y "abuso de poder" por parte del ejecutivo.