Procuraduría sanciona a dos exintegrantes del Esmad por muerte de joven en protestas de 2021
Resumen
La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 18 años al patrullero Abberson de Jesús Salas Acosta y sancionado con suspensión e inhabilidad especial por ocho meses al subteniente Jorge Enrique Bombita Uriana. Estas sanciones disciplinarias corresponden a hechos ocurridos el 1 de mayo de 2021 en el Portal Banderas de Bogotá, durante las protestas del paro nacional. El patrullero Salas Acosta disparó un fusil lanza gases contra la multitud, causando lesiones mortales al joven Daniel Alejandro Zapata, bajo órdenes del subteniente Bombita Uriana de intervenir con uso de la fuerza.
El organismo de control determinó que ambos uniformados vulneraron los principios de integridad personal, legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública. La conducta del patrullero fue calificada como gravísima a título de dolo, mientras que la del subteniente fue considerada grave, también a título de dolo. La decisión se produce cinco años después de los hechos y es un fallo de primera instancia, susceptible de recursos.
Estos hechos se enmarcan en el paro nacional de 2021, una de las movilizaciones sociales más extensas en la historia reciente del país, que registró múltiples denuncias de abuso policial. La sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría contrasta con versiones de exfuncionarios que defendían la actuación de la fuerza pública como ajustada a protocolos.
Análisis Político
La decisión de la Procuraduría busca establecer responsabilidades disciplinarias por la muerte de un manifestante, lo cual puede ser interpretado como un intento de la entidad por reafirmar su rol de control y garantizar la aplicación de la ley en casos de presunto abuso policial. La sanción a uniformados del antiguo Esmad, ahora reformado, envía un mensaje sobre la rendición de cuentas por acciones pasadas. Quienes buscan justicia para las víctimas y un control más estricto sobre la fuerza pública ven en este fallo un avance, mientras que sectores que defienden la actuación policial podrían considerarlo una medida excesiva o descontextualizada.
Se observa una estrategia de la Procuraduría por cerrar casos emblemáticos de protestas pasadas, buscando legitimar su accionar y responder a demandas sociales. La narrativa oficial se centra en la vulneración de principios y el uso desproporcionado de la fuerza. Por otro lado, la demora en la decisión, cinco años después de los hechos, puede ser utilizada por algunos actores para cuestionar la efectividad del sistema disciplinario o para argumentar que se trata de una respuesta tardía a la presión social o política.
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