Diversas entidades gubernamentales y de control han emitido advertencias sobre la alta probabilidad de que el Fenómeno de El Niño impacte a Colombia en el segundo semestre de 2026. Se estima una probabilidad del 82% de su consolidación entre mayo y julio, con una permanencia proyectada hasta febrero de 2027. El Ministerio de Ambiente y la ANLA han anunciado medidas preventivas, incluyendo lineamientos para titulares de licencias ambientales y recomendaciones al Sistema Nacional Ambiental y de Gestión del Riesgo. La Procuraduría General de la Nación ha instado a un enfoque integral y preventivo, señalando que el fenómeno no solo afecta la oferta hídrica, sino que compromete la seguridad alimentaria, energética y la salud pública. El Consejo Gremial Nacional ha advertido sobre un riesgo real de apagón, destacando bajos niveles en embalses y deudas en el sector energético. Asocapitales ha activado un plan nacional de prevención articulando alcaldías y organismos de gestión del riesgo. La Contraloría General de la República ha alertado sobre una posible crisis estructural en el sistema eléctrico y de agua, exigiendo al Gobierno medidas urgentes como el refuerzo del manejo de embalses y campañas de ahorro. Se han emitido circulares y lineamientos dirigidos a autoridades territoriales, gestores de servicios públicos y titulares de licencias ambientales para mitigar los impactos esperados.

Análisis político

Se observa una estrategia de anticipación y coordinación interinstitucional por parte del Gobierno y entes de control ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño. Las acciones buscan mitigar impactos en sectores clave como la seguridad alimentaria, energética y la salud pública, emitiendo directrices y recomendaciones a diversos actores. La Procuraduría y la Contraloría actúan como órganos de vigilancia y exigencia, mientras el Ministerio de Ambiente y otras carteras implementan medidas preventivas y de gestión del riesgo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, parece ganar legitimidad al mostrarse proactivo ante una crisis climática anunciada, buscando proteger a las comunidades vulnerables y la infraestructura crítica. El sector privado, representado por el Consejo Gremial Nacional, presiona al Gobierno para resolver deudas y garantizar el suministro energético, evidenciando una tensión entre la acción estatal y las demandas gremiales. Las entidades territoriales y los gestores de servicios públicos se posicionan como actores clave en la implementación de las medidas preventivas.