El procurador general, Gregorio Eljach, se reunió con ministros de Defensa e Interior, y la cúpula militar para discutir el "Plan Democracia" de cara a la segunda vuelta presidencial. El objetivo es blindar los comicios del 21 de junio, asegurando que la ciudadanía vote de manera libre, segura y transparente. Se destacó que las condiciones institucionales están dadas, pero la desinformación fue identificada como el principal factor de riesgo, anunciando acciones inmediatas de verificación y seguimiento. Durante el encuentro, se reafirmó la transparencia de la primera vuelta electoral, desestimando versiones de fraude y señalando que las reclamaciones fueron mínimas y atendidas. El procurador enfatizó la importancia de respetar los resultados que arrojen las urnas, considerándolos un episodio más en la tradición democrática del país. Se recordó que la validación de resultados corresponde a autoridades como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Adicionalmente, la Procuraduría ha conformado un equipo para vigilar que el presidente Gustavo Petro cumpla con la orden del Consejo de Estado de no difundir propaganda electoral. La campaña de uno de los candidatos solicitó formalmente la intervención del Ministerio Público para garantizar la neutralidad institucional y la confianza ciudadana, argumentando una "progresiva escalada" de pronunciamientos gubernamentales con tintes electorales.

Análisis político

Se observa una estrategia de las instituciones de control, como la Procuraduría, para proyectar estabilidad y normalidad en el proceso electoral, buscando mitigar posibles crisis de legitimidad. La identificación de la desinformación como principal riesgo busca desviar la atención de otras posibles irregularidades o de la polarización política. La Procuraduría se posiciona como garante de la transparencia y el respeto a los resultados, al tiempo que ejerce vigilancia sobre el ejecutivo, generando una narrativa de equilibrio institucional. La campaña de Abelardo de la Espriella gana visibilidad al solicitar la intervención de la Procuraduría, buscando legitimar sus denuncias sobre presunta participación política del gobierno. El gobierno, por su parte, a través de sus voceros, busca reafirmar la legitimidad del proceso y desestimar cualquier cuestionamiento. El procurador Eljach, al actuar en ambos frentes, intenta mantener una posición de imparcialidad, aunque sus acciones de vigilancia sobre el presidente podrían ser interpretadas como una alineación con las críticas de la oposición.