El presidente Gustavo Petro encabezó un acto oficial en Cubará, Boyacá, para pedir perdón al pueblo indígena U'wa por décadas de vulneraciones a sus derechos territoriales, culturales y ambientales. Este reconocimiento se da en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida en 2024, que responsabilizó al Estado colombiano por permitir la explotación petrolera y otras intervenciones en su territorio ancestral sin consulta previa. La comunidad U'wa ha denunciado estas afectaciones durante más de 30 años, argumentando impactos ambientales y el riesgo a su autonomía y prácticas culturales. Durante el evento, Petro admitió que el Gobierno no ha cumplido plenamente con las medidas ordenadas por la CIDH, especialmente en lo referente a la ampliación y saneamiento de tierras a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El mandatario señaló que existen retrasos en la adquisición de predios necesarios para el desarrollo de la comunidad. Además, criticó una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre terrenos baldíos, argumentando que limita las facultades de la ANT y contradice las obligaciones internacionales del Estado. Líderes indígenas expresaron que, si bien el acto de perdón es importante, esperan que se traduzca en reparaciones reales y garantías efectivas para proteger su territorio, cultura y gobierno propio. La sentencia de la CIDH ordena, además de las disculpas, el saneamiento de resguardos, la participación de los U'wa en la protección del Parque Nacional Natural El Cocuy y acciones para reparar daños ambientales, incluyendo la creación de un fondo económico.

Análisis político

La estrategia política observada es la de un gobierno que busca cumplir con fallos internacionales y reivindicar derechos de comunidades étnicas, utilizando un acto de perdón público como herramienta de reconciliación y legitimación. El presidente Petro se posiciona como defensor de los pueblos indígenas y del medio ambiente, alineándose con la narrativa de "la sangre de la tierra" frente a la explotación petrolera. Al mismo tiempo, utiliza el evento para confrontar a otras ramas del poder público, específicamente a la Corte Suprema de Justicia, construyendo una narrativa de "golpe de Estado" o "revancha conservadora" que obstaculiza su agenda. El principal beneficiado de este evento es el pueblo U'wa, que ve reconocido públicamente el daño histórico sufrido y obtiene un compromiso oficial de reparación. El presidente Petro, por su parte, busca fortalecer su imagen como líder comprometido con los derechos humanos y la justicia social, aunque enfrenta el desafío de la implementación efectiva de las medidas. Quien pierde en esta narrativa son las instituciones judiciales cuyas decisiones son cuestionadas, y potencialmente, la credibilidad del Estado si los compromisos no se materializan. Las narrativas distintas se construyen entre el Gobierno, que enfatiza la necesidad de una acción estatal integral y critica los obstáculos judiciales, y la comunidad U'wa, que, si bien agradece el perdón, exige el cumplimiento estricto de las reparaciones y garantías de pervivencia.