El presidente Gustavo Petro dio una orden directa al Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, para que investigue el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por presunta corrupción. Petro exigió la entrega de un listado de funcionarios implicados en el robo de "billones de pesos" del dinero de los maestros en un plazo de 15 días. La instrucción se dio en el marco de las fallas en el sistema de salud del magisterio, que han generado malestar entre los docentes. La orden presidencial busca identificar y denunciar a los responsables, tanto del sector público como privado, que habrían permitido el desvío de recursos y obstaculizado la implementación de la reforma a la salud propuesta por el gobierno. Petro señaló directamente a los presidentes de la Fiduprevisora por permitir que la reforma no se implementara, sugiriendo un intento de desmarcarse de los resultados negativos de una política impulsada por su propia administración. En respuesta, el Superintendente de Salud, Daniel Quintero, anunció la apertura inmediata de una investigación y afirmó que se revelarán las irregularidades y los responsables. La Superintendencia de Salud inició una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el modelo de salud del magisterio, revisando la administración, contratación, prestación de servicios y flujo de recursos, con la posibilidad de trasladar hallazgos a organismos de control.

Análisis político

La estrategia política observada es la de delegar la responsabilidad de la investigación y la denuncia de presunta corrupción en el Fomag al Superintendente de Salud, Daniel Quintero. El presidente Petro busca proyectar una imagen de acción contundente contra la corrupción y de defensa de los maestros, al tiempo que se distancia de las fallas en la implementación de la reforma a la salud, atribuyéndolas a actores específicos y a la Fiduprevisora. Esta jugada le permite al mandatario capitalizar el descontento docente y presentarse como el solucionador de un problema que, según algunos análisis, tiene raíces en las propias decisiones de su gobierno. El presidente Petro y su administración parecen ser los principales beneficiados al desviar la atención de las deficiencias estructurales de su política de salud hacia la corrupción individual. Por otro lado, la Fiduprevisora y los operadores privados señalados como presuntos responsables, así como los funcionarios implicados, son los actores que pierden en esta narrativa. Se construyen narrativas distintas: Petro se posiciona como el líder que exige transparencia y resultados, mientras que los señalados son presentados como los perpetradores de un desfalco, independientemente de si las fallas del sistema responden a corrupción o a un diseño de política pública deficiente.